Tras los vetos, el Congreso decide de qué lado está
El Gobierno nacional oficializó este sábado, a través del Boletín Oficial, los vetos presidenciales a tres iniciativas aprobadas por el Congreso que, según la Casa Rosada, desestabilizan las cuentas públicas: el incremento jubilatorio, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Lejos de sorprender, la decisión llegó en el último día hábil del plazo de diez jornadas. El Ejecutivo buscó así ganar tiempo para negociar con legisladores y garantizar los dos tercios necesarios en ambas Cámaras para sostener el veto. El respaldo de cinco diputados radicales al interbloque de La Libertad Avanza y los acuerdos con gobernadores resultan piezas clave de esta estrategia.
La ley que proponía un aumento general del 7,2 % en jubilaciones y pensiones —y elevar el bono de 70 000 a 110 000 pesos— fue uno de los blancos principales. Junto a ella, quedó suspendida la norma que prolongaba por dos años la moratoria previsional, beneficiaria de casi 220 000 futuros jubilados. Por último, el veto alcanzó la declaración de emergencia en discapacidad, que contemplaba la actualización de aranceles y la regularización de pagos a prestadores, además de cambios en las pensiones no contributivas.
Desde el Ejecutivo, argumentan que estas medidas implicarían un gasto extra de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin respaldo financiero ni estudios actuariales que garanticen su sustentabilidad. Sin embargo, la contundente sanción inicial en Diputados —donde los proyectos consiguieron amplias mayorías— expone la fragilidad política de la Casa Rosada ante demandas sociales críticas.
La pulseada ahora se traslada al Congreso: para levantar los vetos, la oposición debe sumar dos tercios de votos en ambas Cámaras. En ese contexto, Unión por la Patria solicitó una sesión especial para este miércoles a las 12 h, con un temario que incluye, además de estos puntos, proyectos de financiamiento universitario, emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan y la declaración de desastre para Bahía Blanca, veto que ya había sido avalado por el Senado.
El Ejecutivo, convencido de contar con los votos necesarios gracias a sus recientes coqueteos legislativos, insiste en presentar estos vetos como un acto de rigor fiscal. Pero resulta difícil soslayar la percepción de que, detrás del discurso de “equilibrio presupuestario”, se esconde una fría decisión política: priorizar la ortodoxia económica por sobre los paliativos indispensables para jubilados, discapacitados y futuros pensionados. El debate, más que técnico, se anuda en la definición de qué país quieren construir: ¿uno que subordine los derechos sociales al déficit fiscal, o uno que busque alternativas para compatibilizar sostenibilidad y justicia distributiva?
