La Provincia litiga ante la Corte por deuda de Milei
En una jugada jurídica que refuerza el pulso entre la provincia y la Casa Rosada, el Ejecutivo bonaerense anunció su demanda ante la Corte Suprema por una deuda que asciende a 12,1 billones de pesos. Según detalló el gobierno de Axel Kicillof, esos recursos corresponden a saldos de obras públicas paralizadas, la interrupción de diversos programas nacionales y compromisos previsionales por 1,6 billones de pesos impagos por la administración de Javier Milei.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, anticipó que se requerirá al máximo tribunal “que confirme su competencia en el asunto y convoque a audiencia de partes”, tal como sucedió recientemente con las provincias de Córdoba y Santa Fe. Para Bianco, “no se litiga contra un Gobierno, sino en defensa del bienestar de 17 millones de bonaerenses”.
El gobernador Kicillof calificó la retención de fondos como parte de “la asfixia económica” que el Ejecutivo nacional ejerce sobre las jurisdicciones subnacionales. En sus propias palabras, advirtió que, desde los tiempos de María Eugenia Vidal y más tarde con el plan de ajuste de Milei, “la estrategia ha sido descuartizar al país desde su corazón productivo: el conurbano bonaerense”.
En su discurso, el mandatario provincial recordó que esa región concentra la mayor porción de la riqueza industrial y agropecuaria del país. Denunció también maniobras de desestabilización gestadas “desde la embajada, la AMCHAM y la Sociedad Rural”, incluyendo conspiraciones dentro de la Policía bonaerense orquestadas con la complicidad de figuras afines al oficialismo nacional, como el candidato Maximiliano Bondarenco.
Frente a este escenario de recortes y tensiones, los sindicatos, organizaciones sociales y movimientos populares bonaerenses redoblan la apuesta: “Sin unidad no hay salida al caos”, advirtieron referentes de la CGT y de la UTEP. Con la vista puesta en el 7 de septiembre, fecha clave de las próximas elecciones, plantean que sólo una victoria colectiva podrá frenar “el plan de desguace” y reconstruir la democracia que reclaman los trabajadores.
