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Discapacidad: “Cada día sin ley es una terapia menos”

La norma, sancionada con amplio consenso en ambas cámaras, buscaba actualizar los valores de las prestaciones, congelados hace ocho meses, e incluir un bono de $100.000 para los trabajadores del sector. También proponía actualizar los valores del nomenclador en base a la inflación, eliminar trabas al acceso a pensiones por invalidez y destinar fondos a talleres protegidos. Todo esto con un costo fiscal menor al 0,5% del PBI. Pero el Gobierno, con el argumento del «equilibrio fiscal inquebrantable», vetó el proyecto completo mediante el decreto 534/2025.

«El veto es la respuesta concreta al silencio del Gobierno», lamenta Santiago, que asegura haber enviado múltiples pedidos formales a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sin recibir respuesta. La situación es crítica: los centros como el suyo ya no pueden garantizar la continuidad de terapias esenciales. «Los que pagan el precio son los chicos, porque la calidad de los servicios cae. Es como si el Estado negara su existencia», denuncia.

Durante la protesta hubo tensión con la Gendarmería, que intentó frenar el corte sobre la calle Solís. La imagen fue tan simbólica como absurda: adultos con burbujas de jabón frente a escudos policiales.

Mientras tanto, las organizaciones del sector presionan al Congreso para que rechace el veto. Pero sin una señal del Ejecutivo —como una mesa de negociación para ajustar el nomenclador— muchos legisladores temen desmarcarse del Gobierno. «Spagnuolo no atiende ni convoca», denuncia Pablo Molero, del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin ley, sin diálogo y sin respuestas, cada día sin cambios profundiza la emergencia.

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