Universidades en paro: no arranca el segundo cuatrimestre
El inicio del segundo cuatrimestre, previsto para ayer en la mayor parte de las casas de altos estudios nacionales, quedó suspendido: los edificios permanecerán cerrados por una medida de 24 horas decidida por los gremios en el marco de dos semanas de acciones de visibilización de la crisis universitaria.
Las principales federaciones docentes y no docentes anunciaron medidas contundentes. Conadu y Conadu Histórica impulsaron un paro que se extenderá a lo largo de la semana como forma de protesta por la caída del poder adquisitivo y la falta de respuestas efectivas en paritarias. En paralelo, se esperan cortes, movilizaciones y jornadas públicas destinadas a mostrar la “situación límite” que atraviesan las universidades.
Otras agrupaciones —entre ellas Fedun y Fatun— optaron por un paro de 24 horas como punto de partida. Desde la conducción de Fatun, su secretario adjunto Jorge Anró denunció un “deterioro profundo” del salario docente y no docente y sostuvo que los haberes están, en la práctica, “hasta un 90% por debajo de lo que deberían estar en relación con la inflación”, una valoración que explica el nivel de conflicto.
La movilización es también una reacción política inmediata: la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de financiamiento universitario, pero el Ejecutivo ya adelantó su intención de vetarlo. Esa amenaza de veto —y la imposibilidad práctica de revertirlo sin una mayoría especial en el Congreso— agrava la sensación de que la discusión presupuestaria no llegará a tiempo para frenar el conflicto.
Los efectos cotidianos del desfinanciamiento asoman en comunicaciones internas de las propias facultades. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA advirtió a su comunidad sobre la “situación límite” y aludió a la necesidad de destinar recursos propios a gastos de funcionamiento —limpieza, mantenimiento— con postergación de inversiones académicas e iniciativas de investigación. Es la otra cara de la huelga: no solo reclaman mejores salarios, sino también un esquema de sustentabilidad institucional que garantice el funcionamiento mínimo.
Frente a este escenario, dirigentes, docentes y estudiantes prometen sostener las protestas hasta conseguir respuestas. La petición es simple en su letra y compleja en su resolución: recomposición salarial, apertura de paritarias y la sanción de un plan de financiamiento que recupere recursos para la docencia, la investigación y la operación de las universidades públicas. Mientras tanto, las aulas permanecen vacías y la discusión sobre presupuestos y prioridades se traslada a la calle y a las asambleas.
