Fentanilo letal: responsabilidades del Gobierno en la cadena de errores
La investigación judicial por el brote de fentanilo clínico vinculado a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo suma ya —según el juzgado federal a cargo— 97 víctimas confirmadas y decenas de casos en investigación en distintas provincias del país. Los peritajes preliminares señalan que en ampollas y en algunos pacientes se detectaron bacterias multirresistentes, lo que alimenta la hipótesis de contaminación en la cadena de producción y distribución del fármaco.
La secuencia administrativa y cronológica que hoy exhibe la causa revela una ventana crítica en la cual la ANMAT detectó deficiencias “críticas y mayores” en la planta de Laboratorios Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024, pero la prohibición formal de producir para las firmas involucradas —según las disposiciones oficiales— llegó recién el 10 de febrero de 2025. En el medio, un lote clave (identificado por la causa) habría sido elaborado el 18 de diciembre de 2024 y salió al mercado poco después, lo que explica por qué ampollas supuestamente inseguras alcanzaron hospitales en diferentes jurisdicciones. Ese desfase temporal entre la inspección, la producción y la medida administrativa es ahora uno de los ejes centrales de la investigación.
Desde la Fiscalía y la Justicia se avanzó con medidas cautelares sobre personas y bienes —con imputaciones, prohibiciones de salida y otras restricciones procesales— mientras se sigue reconstruyendo la trazabilidad de los lotes y el recorrido de las ampollas. La complejidad del rastreo se suma al hecho de que muchos pacientes desarrollaron complicaciones luego del alta hospitalaria, lo que dificulta limitar la cuantificación final del daño. Fuentes judiciales y médicas advierten que la cifra de víctimas podría modificarse a medida que se completen peritajes y se identifiquen nuevos casos.
La crisis desató además un fuerte choque político. En los últimos días el Ejecutivo nacional y voceros oficiales apuntaron directamente contra el empresario a cargo de las firmas —y hubo llamados públicos para que se lo investigue con dureza—; al mismo tiempo el presidente y la Casa de Gobierno criticaron abiertamente al juez que instruye la causa, Ernesto Kreplak, pidiendo medidas que muchos voceros judiciales y constitucionalistas interpretaron como un intento de interferencia en el proceso. El magistrado respondió públicamente reclamando que no se politice la investigación y recordando la obligación de las autoridades de abstenerse de intervenir en causas penales en trámite.
En el frente sindical y profesional, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y otras organizaciones reclamaron la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones, y denunciaron un saldo mayor de muertes evitables —en su comunicación pública suman las vinculadas al fentanilo y las atribuibles a demoras y cortes en la provisión de medicamentos de alto costo—, cifra que en las denuncias sindicales se aproxima a 157 personas afectadas por las distintas políticas y fallas en el sistema. Ese reclamo enmarca el episodio en una discusión más amplia sobre el debilitamiento de los organismos de control, la provisión pública de fármacos y el modelo de regulación sanitaria impulsado por el Gobierno.
Más allá de las responsabilidades penales que la causa deberá dirimir, el caso puso en evidencia un problema estructural: la fragilidad de la trazabilidad y de los procesos de control de calidad en un mercado farmacéutico con numerosas empresas privadas y con organismos públicos que, según denuncias y registros administrativos, habían detectado incumplimientos reiterados en las plantas involucradas. Las disposiciones oficiales que inhibieron la actividad productiva de HLB Pharma y ordenaron el retiro de productos del mercado son un reconocimiento tardío de esos riesgos, y en la opinión de especialistas consultados, la ausencia de respuestas preventivas fue determinante para que las ampollas contaminadas llegaran a pacientes hospitalizados por otras causas.
El episodio también reaviva la discusión sobre la lógica de gestión que prima hoy en áreas vinculadas a la salud: defensores de la desregulación afirman que el mercado corregirá fallas y que controles estrictos no son necesarios; críticos sostienen que dejar la calidad de medicamentos librada a incentivos privados, sin control efectivo y con demoras en la actuación regulatoria, implica exponerse a tragedias evitables. Para familiares y trabajadores de la salud, la multiplicación de medidas tardías no compensa la pérdida de vidas ni la angustia de quienes hoy piden respuestas claras y sanciones ejemplares.
Qué sigue: la Justicia continuará las pericias para confirmar la relación causal entre las ampollas y los fallecimientos, se profundizará la investigación sobre documentación, registros de producción y los circuitos de distribución, y se aguardan medidas administrativas adicionales por parte de ANMAT e instancias ministeriales. En paralelo, agrupaciones sindicales y sectores sanitarios impulsan audiencias públicas y propuestas para fortalecer la producción pública de medicamentos y reconstituir mecanismos de control que, dicen, no pueden depender de la buena fe empresaria ni de la velocidad de decisiones administrativas.
La tragedia del fentanilo contaminado deja, además, una discusión política abierta: cómo equilibrar la producción privada con garantías efectivas de seguridad sanitaria, quién responde por omisiones en la detección de riesgos, y hasta qué punto la desarticulación de instituciones técnicas afectó la capacidad estatal para prevenir daños. Mientras la causa judicial avanza y las familias reclaman justicia, la sociedad enfrenta preguntas incómodas sobre la preservación de la salud pública frente a lógicas de mercado que, según las críticas, priorizan ganancias sobre controles y protección colectiva.
