Los sí y no a los vetos de Milei

Como cada miércoles, el Congreso volvió a ser escenario de protesta y repudio. Jubilados, las dos CTA, sindicatos, organizaciones sociales y familias organizadas en la lucha por la Ley de Emergencia en Discapacidad confluyeron en la plaza para cuestionar el rumbo económico del gobierno libertario. En ese marco, el rechazo al veto presidencial sobre discapacidad consiguió imponerse en la Cámara de Diputados, aunque el oficialismo logró sostener el bloqueo a la mejora jubilatoria.

El clima que rodeó la jornada fue el de una ciudad sitiada. El Congreso apareció otra vez vallado, con un despliegue de fuerzas de seguridad que incluyó camiones hidrantes, móviles blindados y controles en estaciones de tren y colectivos. La postal, repetida en los últimos meses, exhibe la respuesta oficial frente a un descontento popular cada vez más amplio. En medio de esa militarización, cientos de familias que reclaman la sanción definitiva de la emergencia en discapacidad hicieron una vigilia desde la noche anterior y se plegaron luego a la multitud de trabajadores y jubilados.

Las consignas apuntaron de lleno contra el ajuste y la crueldad del modelo económico. “Ni siquiera pedimos lujos, pedimos comer sin elegir entre remedios o comida”, resumió un jubilado de 72 años. “No se trata de números, se trata de dignidad”, agregó Débora Ferrilli, madre de una adolescente con discapacidad y referente de la asociación Unidos por la Alegría.

En el recinto, el resultado mostró la fractura de la alianza gobernante. Con 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones, Diputados rechazó el veto de Milei a la ley de discapacidad. Tres libertarios se ausentaron, mientras legisladores del PRO se desmarcaron del acuerdo con La Libertad Avanza. María Eugenia Vidal se abstuvo, y tanto Florencio Randazzo como Lourdes Arrieta acompañaron el rechazo al veto. El oficialismo, cada vez más tensionado, exhibió sus costuras.

Distinta suerte corrió la ley que establecía un incremento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con la actualización del bono mínimo a $110.000. Allí el oficialismo consiguió blindar el veto: 160 votos a favor, 83 en contra y seis abstenciones. El acompañamiento provino de diputados alineados con gobernadores que, pese a sus críticas verbales, pactan con la Casa Rosada. La lista incluyó a representantes de Entre Ríos, Mendoza y Misiones, cuyos mandatarios se habían mostrado semanas atrás como impulsores de un supuesto “Grito Federal”.

La abstención de Vidal, la de Marcela Antola –referenciada en Rogelio Frigerio– y la de los cuatro legisladores que responden al misionero Hugo Passalacqua resultaron funcionales al oficialismo. En tanto, dos diputados de Unión por la Patria ligados al gobernador catamarqueño Raúl Jalil –cercano a Milei– directamente no se presentaron.

La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la suba implicaba un costo de apenas 0,32% del PBI para lo que resta del año, y 0,78% anualizado. Es decir: montos que no comprometen las cuentas públicas pero que fueron bloqueados para garantizar el cumplimiento con el FMI, Amcham y los grupos financieros que exigen que los recursos de la seguridad social se desvíen al circuito de la timba y la fuga.

Lo que quedó en pie, más allá de la votación dividida, es la persistencia de un movimiento social que cada semana gana la plaza. La pulseada continúa: de un lado, la patria de la timba y la deuda; del otro, un pueblo que resiste, cada vez más..