Nuevos audios del «Coimasgate» complican al Gobierno
Apareció ayer un nuevo fragmento sonoro que vuelve a prender la alarma sobre la red de presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En la grabación, que la Justicia intenta peritar, la voz atribuida al extitular Diego Spagnuolo menciona a la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, y afirma que ella le transmitió los hechos al propio presidente Javier Milei, lo que obligó a la Casa Rosada a intervenir en la agencia y tensionó aún más el clima político.
La dimensión judicial del caso no se limita a las filtraciones: los magistrados ya ordenaron un conjunto de medidas destinadas a acomodar pruebas y cerrar fugas. La investigación motivó –según fuentes judiciales– una batería de allanamientos que incluyeron la sede de ANDIS, oficinas de la droguería Suizo Argentina y domicilios vinculados a los imputados; llevadas a cabo por orden del juez Sebastián Casanello, estas diligencias buscaron teléfonos, documentación e indicios sobre el circuito de adjudicaciones y supuestas devoluciones.
En ese recorrido procesal surgieron movimientos de fuerte impacto mediático: Jonathan Kovalivker, uno de los empresarios implicados en la causa, se presentó ante el juzgado y entregó su supuesto teléfono para que sea peritado por los peritos de la fiscalía. La entrega del dispositivo se produjo en el marco de una investigación que intenta reconstruir mensajes y transferencias señaladas en los audios. Fuentes periodísticas consignaron además que, durante los allanamientos, se secuestraron dólares y material contable que ahora forman parte de la prueba.
Para evitar maniobras de remoción de activos, el juez Casanello solicitó el bloqueo de las cajas de seguridad asociadas a los principales investigados y remitió las órdenes pertinentes a entidades bancarias y al Banco Central. La medida, de alcance preventivo, responde a la prioridad de preservar bienes y trazas que puedan respaldar o refutar las acusaciones que circulan en los audios y las presentaciones judiciales.
La causa no es únicamente una disputa entre exfuncionarios y empresarios: modifica el tablero político. En las grabaciones atribuidas a Spagnuolo aparecen menciones explícitas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a allegados del círculo presidencial, como el asesor Eduardo “Lule” Menem. Los señalados rechazaron las imputaciones y hablaron de “operación” política, la respuesta ritual en medio de un proceso judicial que, por su timing, ya condiciona el escenario electoral.
Otro hilo que complica la trama es la relación entre la droguería apuntada y distintas áreas del Estado: en lo que va del año, según registros de contrataciones y reportes periodísticos, la Policía Federal adjudicó compras por montos millonarios a Suizo Argentina; también hubo contratos con áreas del ministerio de Defensa y con hospitales públicos, según reconstrucciones que buscan determinar si hubo sobreprecios o favoritismos en las licitaciones. Los números y la frecuencia de esas adjudicaciones son ahora objeto de escrutinio judicial y parlamentario.
¿Qué dicen los arrepentidos, los acusados y el Gobierno? Spagnuolo, desplazado del cargo tras la difusión de los audios, aparece en las grabaciones describiendo un mecanismo de porcentajes y retornos ligado a la adjudicación de fármacos para programas públicos. Quienes aparecen señalados por nombre repudiaron las imputaciones: algunos sostienen que se trata de montajes o de ediciones parciales, otros negaron conocer las maniobras que se les atribuyen. Desde la Casa Rosada optaron por medidas de gestión en ANDIS y por mantener el hilo oficial que busca encuadrar la investigación dentro de cauces jurídicos, al tiempo que califica a la difusión como un ataque político en plena campaña.
El mapa que deja la crisis no es sólo judicial: tiene efectos políticos y administrativos inmediatos. Las compras públicas que ahora revisa la Justicia ponen en el centro a funcionarios clave y obligan a oficinas de control y a legisladores a pedir informes y auditorías; al mismo tiempo, la factura simbólica alcanza al propio Poder Ejecutivo, que desde la llegada de Milei sostenía una receta de ajuste y apertura con sectores privados que hoy se ve salpicada por estas denuncias.
La combinación de audios, allanamientos y órdenes de bloqueo abre interrogantes sobre la gobernabilidad del Ejecutivo en un año electoral. Más allá de defensas y negaciones, la investigación plantea preguntas difíciles: ¿qué mecanismos de control fallaron en la compra de medicamentos? ¿Qué peso tuvieron intermediarios y qué redes operaron entre privados y funcionarios? ¿La política reaccionará con transparencia o con protecciones institucionales? Mientras los jueces avanzan en la recopilación de pruebas y crecen los pedidos de informes en Diputados y el Senado, la respuesta a esas preguntas determinará la magnitud política del escándalo.
La Justicia continúa su trabajo y la pericia de los dispositivos incautados será clave para reconstruir el entramado que Spagnuolo describió en los audios. En tanto, el debate público se polariza: hay quienes reclaman sanciones ejemplares y mayor control sobre las compras estatales; otros, en cambio, acusan a la oposición de instrumentalizar la causa con fines electorales. La fiscalización y la transparencia, por ahora, parecen las únicas herramientas con poder real para despejar dudas y evitar que sospechas de corrupción se traduzcan en impunidad.
Foto: Periodismo de Izquierda
