Sturzenegger en el ojo de la tormenta del escándalo Discapacidad
El bloque de Unión por la Patria presentó en la Cámara de Diputados un pedido formal para que Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, vaya al Congreso a dar explicaciones por su presunta vinculación con el entramado de irregularidades que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La iniciativa, impulsada por el diputado Eduardo Valdés, reclama respuestas puntuales sobre decisiones administrativas que, según la denuncia, habrían facilitado maniobras fraudulentas en las compras de medicamentos y la reducción de prestaciones.
El origen del escándalo son una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, en los que se lo escucha describiendo presiones para ejecutar recortes y relajar controles internos. Esas grabaciones —que ya provocaron la remoción de Spagnuolo— señalan a funcionarios cercanos al oficialismo y a empresarios del sector farmacéutico como beneficiarios de un esquema de presuntas coimas en contrataciones de alto costo. Las filtraciones colocaron el foco no solo en el organismo sino también en el entorno presidencial y en varios asesores con llegada a la gestión.
La resolución presentada por Valdés incluye seis preguntas concretas que, de ser aprobada la citación, Sturzenegger debería responder en el recinto. Entre los puntos más comprometidos figura si desde su ministerio se impartieron instrucciones para anular la mayor cantidad posible de pensiones por discapacidad o si se limitó la revisión médica individualizada de cada caso; también se reclama saber si se designaron funcionarios con facultades extraordinarias dentro de la agencia. Otra pregunta clave apunta a la abrupta reducción del equipo de Auditoría Interna —pasó, según la denuncia, de 16 a 5 integrantes— y cómo esa merma impactó en el control de las compras de medicamentos.
Para el autor del pedido, la gravedad del episodio excede la mera investigación administrativa: “Estamos frente a un escándalo institucional de enorme gravedad. La Cámara de Diputados tiene la obligación de que el ministro rinda cuentas ante la sociedad”, sostuvo Valdés al fundamentar la iniciativa y reclamó que la citación sea tratada con carácter de urgencia. El reclamo, además, subraya que si se confirman las irregularidades denunciadas, no solo estarían en juego responsabilidades políticas y penales, sino un ataque a los derechos de un colectivo particularmente vulnerable.
El movimiento político y judicial que generaron las grabaciones ya tensiona al oficialismo. En el terreno político, la exposición pública de los audios y las imputaciones contra asesores y empresarios cercanos al Gobierno obligaron a una reacción institucional que, hasta ahora, se limitó a remoción de funcionarios y al inicio de auditorías internas. En simultáneo, causas penales en trámite podrían ampliarse a partir de las pruebas que surjan de la investigación y de nuevos testimonios o peritajes. Esa doble vía —política y judicial— alimenta la expectativa sobre si el episodio derivará en sanciones efectivas o en un mero reacomodamiento de nombres.
Hasta el momento, desde el ministerio de Desregulación no se registraron declaraciones públicas detalladas que aclaren las instrucciones que habrían motivado la baja de pensiones o la reducción del cuerpo de auditoría. El vacío informativo y la mecánica del recambio de cargos en ANDIS, denuncian desde la oposición, refuerzan la necesidad de que Sturzenegger rinda cuentas ante el Congreso para despejar dudas y aportar documentación. La definición final sobre la citación quedará en manos de la Presidencia de la Cámara de Diputados, que deberá darle ingreso y trámite al pedido de Valdés; de concretarse la comparecencia, la exposición del ministro podría convertirse en un nuevo capítulo de la investigación y en un termómetro de la reacción oficial frente al escándalo.
Más allá de la pulseada parlamentaria, el núcleo del reclamo tiene un efecto concreto: la denuncia atraviesa derechos básicos de personas con discapacidad. Si se verificara que cambios administrativos y ausencia de controles facilitaron sobreprecios o comisiones en las compras de medicamentos, estaríamos ante un perjuicio directo para beneficiarios que dependen de esas prestaciones. Esa hipótesis es, precisamente, la que moviliza no solo a la oposición sino también a organizaciones sociales y a sectores de la sociedad civil que reclaman certezas y medidas para garantizar la integridad del sistema.
Mientras la investigación avanza en varias instancias y crecen las exigencias de transparencia, la Cámara baja deberá decidir si convierte el pedido de informes en una citación formal. La comparecencia de Sturzenegger, además de ofrecer la posibilidad de aclarar su rol, servirá para fijar responsabilidades políticas en un escándalo que ya trascendió el ámbito administrativo y puso en el centro del debate público la gestión de recursos destinados a personas con discapacidad. Si no hay respuestas convincentes, la discusión judicial y política promete profundizarse en las próximas semanas.
