Gestión Milei: se desploma el trabajo formal

Los últimos informes oficiales muestran que la caída de puestos asalariados en el sector privado no es un episodio aislado: la pérdida de más de 12 mil empleos en junio —la mayor desde el primer trimestre de 2024—, y una nueva baja en julio, consolidan una tendencia de contracción que golpea sobre todo a los asalariados y empuja a la economía hacia mayor precariedad.

La economía empieza a mostrar sus costos más concretos: según las estadísticas oficiales del ministerio de Capital Humano, en junio se perdieron más de 12.000 empleos asalariados en el sector privado, una retracción mensual que no se veía desde los peores tramos de 2024. En la serie desestacionalizada, la cantidad de trabajadores registrados del sector privado quedó en torno a 6,25 millones, lo que representa una caída del 0,2% respecto de mayo. Desde septiembre de 2023 el empleo privado no logra recuperarse y, con altibajos, mantiene una senda descendente.

La fotografía completa es ambivalente: el deterioro del empleo asalariado fue atenuado por dos focos de contratación que, sin embargo, dicen otras cosas sobre la calidad del mercado laboral. El Estado sumó alrededor de 7.000 puestos y el monotributo incorporó cerca de 12.500 inscriptos en junio. El resultado neto fue magro: el empleo registrado total apenas creció en 4.100 trabajadores, quedando prácticamente clavado en 12,9 millones de ocupados formales.

Desde los sectores sindicales y académicos advierten que esos números esconden un proceso de precarización y de desplazamiento hacia formas de trabajo menos estables. Luis Campos, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, sintetiza la lectura: la recesión ya empieza a verse en los registros laborales; desde noviembre de 2023 se acumulan casi 190.000 asalariados formales menos, mientras que el monotributo continúa su marcha ascendente, algo que no puede interpretarse como una buena señal.

Y la mala racha no se detuvo en junio. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del mismo ministerio registró que en julio el empleo privado volvió a retroceder 0,2%. La caída afectó con especial fuerza a sectores claves: construcción y servicios financieros retrocedieron 0,5%; transporte y comunicaciones, 0,3%; comercio, restaurantes y hoteles, 0,2%; y servicios comunales y personales, 0,1%. La dispersión sectorial exhibe que la contracción no es homogénea: impacta primero donde la actividad es más sensible a la demanda y la inversión.

El mapa provincial confirma el cuadro: 18 distritos mostraron bajas en el empleo privado en junio. Chubut encabezó las pérdidas con un derrumbe del 3,5%; le siguieron La Rioja (-1,8%) y Salta (-0,8%). Sólo unas pocas jurisdicciones se mantuvieron a contracorriente: San Juan y Formosa anotaron incrementos modestos del 0,4%.

En términos de ingresos hay, al menos por ahora, una lectura menos adversa: el informe del SIPA señala que en junio de 2025 el salario bruto promedio del sector privado ascendió a $2.380.439, lo que implicó un aumento interanual del 46,2%. La mediana salarial se ubicó en $1.876.003, con un salto del 49% respecto de junio de 2024, es decir, por encima del índice de inflación interanual reportado (39,4%). Pero ese alivio nominal choca con la fragilidad del mercado de trabajo: subas salariales no sostenibles si la destrucción de empleo continúa y si la actividad se enfría.

Los flujos de entradas y salidas explican parte del problema: en julio la tasa de contratación se mantuvo estable en 1,8%, pero la tasa de salidas subió 0,5 puntos, lo que erosiona el saldo neto de empleo. Los despidos incausados crecieron hasta 0,6 por cada 100 trabajadores y las suspensiones alcanzaron 0,4%, ambas en alza. Además, la tasa de no-cobertura —indicador que mide la dificultad para cubrir vacantes— trepó en julio y se ubicó en su máximo anual, un síntoma de que las empresas contienen actividad sin relanzar incorporaciones.

La foto que dejan estos indicadores es clara y preocupante: a la debilidad de la demanda se suma un mercado laboral que se recalibra hacia fórmulas menos estables y más precarias. El repunte del monotributo y el crecimiento del empleo público amortiguan momentáneamente la pérdida de puestos asalariados, pero no constituyen una solución estructural. Sin medidas públicas orientadas a sostener la actividad productiva y a salvaguardar el empleo de calidad, la economía corre el riesgo de abrir una etapa donde la recuperación de ingresos promedio no alcance para contrarrestar la caída del empleo formal.

En el plano político, la evidencia exige respuestas contundentes: políticas de impulso a la inversión, estímulos focalizados para sectores intensivos en empleo y controles sobre despidos masivos, además de una agenda que apueste a frenar la precarización. De lo contrario, la aparente mejora nominal en los salarios podría convertirse en una arista más de una economía que redistribuye hacia abajo su capacidad de producir trabajo digno.