Investigan un caso de violencia institucional en Vicente López

Un nuevo caso de violencia institucional encendió las calles del partido de Vicente López: Octavio Buccafusco, un hombre de 34 años con antecedentes recientes de problemas de salud mental, murió la madrugada del 3 de septiembre tras ser reducido por personal de la Patrulla Municipal. Las imágenes de cámaras de seguridad que circularon en los últimos días muestran con crudeza cómo cuatro efectivos —tres de la patrulla local y uno de la Policía Bonaerense— lo inmovilizan hasta que su cuerpo queda inerte. La Fiscalía Vicente López Este, a cargo del fiscal Alejandro Guevara, investiga el episodio; la familia y organizaciones de derechos humanos hablan de un nuevo episodio de brutalidad que reclama respuestas y responsabilidades.

“Mi hermano llamó al 911 para que lo ayudaran —relata Augusto Buccafusco, hermano de la víctima—. No sabemos si porque había ladrones o porque estaba con un ataque de paranoia. No estaba pasando por un buen momento, estaba con ataques de pánico. La policía no debería actuar así en estas situaciones, tendrían que haber llamado a una ambulancia. Eran cuatro policías y no pudieron reducirlo sin terminar con su vida, es una locura.”

El hecho y la versión oficial

Según el relato que figura en el procedimiento de la Fiscalía, dos agentes de la patrulla local encontraron a Buccafusco en la vereda —en el cruce de avenida Maipú y la calle Güemes, en el barrio de Florida— junto a una puerta abierta; lo describen como “exaltado” y sostienen que, ante la negativa del hombre a brindar datos, otros dos efectivos que pasaban por la zona se sumaron al intento de identificación. El escrito asegura que Buccafusco intentó agredir a uno de los policías y que, al cruzar hacia la avenida, fue interceptado “con el fin de evitar un accidente vehicular y proteger la vida del individuo”.

Sin embargo, los videos —uno difundido primero y otro posterior que, según la familia, permite ver con mayor claridad el accionar policial— muestran a Octavio sosteniendo a su perro, apoyando su bicicleta contra una pared y, en el tramo filmado, intentando alejarse. En las imágenes se lo ve reducido por varios agentes durante un período prolongado hasta que deja de responder. Testigos presenciales, según la familia, existen y al menos uno declarará próximamente ante la fiscalía.

Autopsia y interrogantes médicos

El informe preliminar de la autopsia, realizado en la morgue de Lomas de Zamora, señala que la víctima “no presenta lesiones traumáticas externas macroscópicas que tengan incidencia en la causa de muerte” y atribuye el deceso a un “mecanismo violento y a consecuencia final de paro cardíaco–respiratorio traumático”. La familia, asistida por su abogado, cuestiona esa redacción y señala que aún no pudo acceder al informe final ni a pericias complementarias; su defensa sospecha que la causa real del paro cardíaco pudo haber sido asfixia por inmovilización.

Antecedentes de salud mental y respuesta policial

Los Buccafusco explican que Octavio venía atravesando episodios de ansiedad y “ataques de pánico”, y que aquella noche llamó al 911 pidiendo auxilio. Según la familia, la llamada no fue atendida; en lugar de recibir asistencia sanitaria, fue abordado por uniformados. Para organizaciones que trabajan en violencia institucional, ese dato resulta clave: la presencia de cuadros de salud mental exige protocolos específicos, uso mínimo de la fuerza, y la intervención de equipos de salud cuando corresponde, no su criminalización.

El hermano de la víctima se contactó con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y con la Correpi, y ambas organizaciones le indicaron que, por lo que muestran los videos, la actuación policial es “irregular”. Desde esos organismos y desde sectores de la comunidad exigen la apertura de medidas probatorias independientes —pericias, testimonio de testigos, análisis forense completo y acceso a las comunicaciones internas— para determinar responsabilidades.

Discursos que chocan: la fiscalía y la familia

La versión oficial —tal como la volcó la Fiscalía en su informe inicial— intenta inscribir el episodio en el marco de un procedimiento policial ante una persona “exaltada” que se resistió a identificarse. Para los familiares y sus asesores legales, esa exposición no condice con las imágenes ni con la conducta que se aprecia: Octavio no tenía actitud ofensiva sostenida, y en gran parte del registro aparece con su perro en brazos, lo que contradice la idea de una “amenaza” contundente que justificara detenerlo con fuerza extrema.

Augusto dice además tener otros elementos —un video adicional y la declaración de un testigo— que, según sostuvo, muestran conversaciones entre los policías que no coinciden con lo declarado a la fiscalía. “Tenemos pruebas para mostrar que los policías son los culpables”, dijo. La expectativa de la familia es que la investigación no quede en pasos administrativos y avance hacia la judicialización de responsabilidades penales si las pruebas lo permiten.

Hasta el momento, el municipio que encabeza Soledad Martínez no ha dado ningún comunicado aclaratorio de lo sucedido, y desde la secretaría de Prensa se informó que toda la información se canaliza a través de la Fiscalía interviniente.

Lo que se juega: protocolo, formación y justicia

La muerte de Octavio vuelve a poner en el centro del debate público la formación policial para tratar situaciones de crisis vinculadas a la salud mental, y la necesidad de mecanismos eficaces de control sobre los procedimientos de seguridad. Frente a un llamado de auxilio, la respuesta del Estado debería priorizar la preservación de la vida; cuando eso no ocurre, se evidencia no solo una falla individual sino una deficiencia institucional más amplia.

La fiscalía, por ahora, continúa con la instrucción y deberá resolver entre medidas probatorias: solicitar las grabaciones completas, peritar las comunicaciones del 911, tomar declaración a los testigos y a los agentes que intervinieron, y determinar si corresponde ordenar nuevas pericias médicas o un estudio toxicológico complementario. La familia reclama transparencia y acceso a toda la documentación.

Organizaciones de derechos humanos, vecinos y referentes locales comenzaron a expresar su repudio y a exigir “justicia por Octavio”. Para muchos, el caso no es aislado: se inscribe en una cadena de muertes y lesiones causadas por actuaciones policiales que, según afirman organismos de defensa de derechos humanos, no siempre son investigadas con la profundidad necesaria.

“Lo que ocurrió esa madrugada no puede quedar en un expediente con explicaciones formales: hay una vida que se apagó en la calle, y una familia que necesita respuestas”, sintetiza un referente de una de las organizaciones que asesoran a la familia.

Mientras la causa avanza en Vicente López Este y los videos siguen circulando como prueba y como llamado de atención, la pregunta que queda flotando es la que siempre sobreviene tras episodios de este tipo: ¿quién protege a quienes llaman pidiendo ayuda cuando su padecimiento es precisamente lo que pone en riesgo su vida? La respuesta, por ahora, depende de la investigación judicial y de la voluntad política para impulsar cambios en las prácticas de seguridad pública.