A pedido de Estados Unidos, Milei anuncia reformas laboral y tributaria
En un acto de campaña celebrado en la planta de Sidersa, a la vera de la autopista que une Rosario con Buenos Aires, el presidente Javier Milei presentó su llamado “Plan Argentina Grande Otra Vez” y anunció que enviará al Congreso una reforma laboral y otra tributaria de alcance integral. El discurso volvió a sellar la identidad del gobierno: acelerar un paquete de medidas exigido por los grandes capitales que, según sindicatos y organizaciones sociales, significará un nuevo y profundo retroceso en derechos y salarios.
Del acto —donde la empresa fue mencionada como una de las primeras adherentes al RIGI y responsable de una inversión anunciada por alrededor de US$ 286 millones— Milei dijo que la “dinamización” del mercado la harán las grandes empresas y que la “reforma profunda en el mundo del trabajo” será la llave para generar empleo. En el mismo tono, responsabilizó a los convenios colectivos por “frenar” la inversión y anunció que impulsará la renegociación de convenios “antiguos”.
El sonido del respaldo internacional tuvo esta vez forma y cifra: el presidente celebró lo que definió como un “apoyo histórico” de Estados Unidos, en referencia a un acuerdo que incluye la compra directa de pesos por parte del Tesoro y un swap de divisas por 20.000 millones de dólares, operaciones que Washington confirmó en los últimos días y que desataron polémica tanto en la Argentina como en los propios EEUU. Para Milei, el paquete externo consagra el “hito fundacional” de la nueva era que propone su gobierno.
Fuera del perímetro de la fábrica, la recepción fue otra: la visita culminó en un fuerte repudio popular. Movimientos sociales y organizaciones políticas montaron protestas en los accesos a la planta y el colectivo local Movimiento Derecho al Futuro llegó a declarar a Milei “persona non grata” en San Nicolás, un gesto que se repitió en distintas localidades por donde pasó el presidente en los últimos días de campaña.
En el núcleo del debate público está además la relación entre las exigencias del Fondo Monetario Internacional y las recetas que impulsa el gobierno. En los foros internacionales el directorio del FMI viene alertando sobre la fragilidad de la recuperación global y sobre la necesidad de reformas; sin embargo, no existe constancia pública de una orden tajante del organismo para recortar sueldos en la magnitud del 50% como se ha difundido en redes—las intervenciones de la directora Kristalina Georgieva en las últimas jornadas insistieron en riesgos, ajustes y la necesidad de políticas que preserven estabilidad, pero no en una instrucción concreta de ese calado. Esa diferencia entre rumor y documentación pública es políticamente relevante a la hora de evaluar las políticas que se anuncian aquí y ahora.
La coyuntura económica explica parte de la reacción social. Para los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, el paquete que promociona el Ejecutivo —que combina apertura, desregulación laboral y cambios en Ganancias que, dicen, buscan favorecer blanqueos a costa de cerrar vías de presión fiscal para los grandes grupos— no crea las condiciones para “más empleo” sino más precarización y primarización de la economía: menos industria, más servicio de bajo valor agregado, salarios comprimidos y mayor desempleo. Desde esos sectores piden discutir alternativas públicas y planes de trabajo pensados desde los laburantes y no desde las mesas de capitales concentrados.
El anuncio oficial incluyó además la promesa de tocar el régimen del Impuesto a las Ganancias sobre las personas humanas, modificar las deducciones y promover lo que Milei llamó “principio de inocencia fiscal” para incentivar el blanqueo frente a la evasión. Para la oposición y diversos economistas, la lógica detrás de estas propuestas es clara: reducir la presión sobre las grandes fortunas y los grupos concentrados mientras se descarga el ajuste sobre el resto de la población.
La llegada del respaldo externo —la compra directa de pesos por parte de un Tesoro norteamericano y la instrumentación de un swap de gran magnitud— alimenta además una discusión estratégica: ¿hasta qué punto un auxilio externo diseñado y ejecutado por aliados políticos condiciona la soberanía económica de la Argentina? Para críticos del gobierno, la operación estadounidense no es un gesto neutral sino la consumación de un vínculo subordinado que legitima políticas que profundizan la entrega de recursos y las decisiones macroeconómicas en manos de intereses foráneos.
De cara al 26 de octubre, la disputa entra en la cancha electoral. Milei apela al voto masivo para “acompañar” sus reformas y así acelerar la “revolución productiva” que promete, mientras que sindicatos, movimientos sociales y buena parte de la oposición buscan disputar ese relato desde la movilización, el debate público y la organización de los trabajadores en cada lugar de trabajo. La conclusión que transmiten esas fuerzas es explícita: más ajuste y más dependencia no son camino de desarrollo —y si la experiencia reciente enseña algo, es que sólo la organización popular podrá frenar la profundización del saqueo y proponer una salida alternativa para recuperar empleo, industria y soberanía.
En San Nicolás, la jornada cerró con la misma consigna que recorre los piquetes y los sindicatos: no a la entrega; sí a otro plan, construido por los laburantes. La campaña del gobierno sigue su ritmo, pero el rechazo popular y las dudas sobre el costo real del rescate internacional marcan una tensión que, a esta altura, ya no es fácil de ocultar.
