El gobierno sólo piensa en cómo maquillar el resultado del domingo

Una maniobra técnica —convertida ya en disputa política y judicial— sacudió el tablero a pocos días de las elecciones del 26 de octubre. En un simulacro del escrutinio provisorio realizado por la Dirección Nacional Electoral (DINE) quedó expuesta una modificación en la forma en que se presentarán los datos la noche del domingo: además del detalle por jurisdicción, se agregaría un agregado nacional —un supuesto “voto popular” por alianza— y la suma se haría estrictamente por el nombre literal con el que cada espacio compite en cada provincia. Para la oposición, ese criterio abre la puerta a un resultado provisorio deliberadamente deformado, que beneficiaría a la alianza oficialista La Libertad Avanza, que compite con la misma denominación en todo el país.

El peronismo y otras fuerzas opositoras interpretaron de inmediato la decisión como una “artimaña” destinada a construir una primera foto favorable al Gobierno aunque los cómputos definitivos terminen mostrando lo contrario. La clave técnica es simple: si el conteo nacional sólo suma boletas que lleven exactamente la leyenda “Fuerza Patria”, quedarán afuera del agregado distritos donde el peronismo y sus aliados presentaron variantes locales —por ejemplo, el Frente de la Victoria en Formosa, la coalición que en Entre Ríos aparece como “Fuerza Entre Ríos”, o el Frente Fuerza Patria que lidera Jorge Capitanich en Chaco— mientras que La Libertad Avanza, con idéntica denominación en todas las jurisdicciones, se vería beneficiada por una suma homogénea. Esa diferencia de etiquetado, dicen los apoderados del peronismo, puede traducirse en una “foto” que no refleje la realidad del voto.

Como respuesta, los apoderados de Fuerza Patria presentaron objeciones formales ante la DINE y llevaron reclamos a la Cámara Nacional Electoral, además de anunciar amparos y denuncias penales en varias jurisdicciones. El pedido central es que la difusión del escrutinio provisorio se haga exclusivamente por distrito —como históricamente se ha interpretado— y no como un consolidado nacional por alianzas que, argumentan, no tiene sustento en la normativa electoral y puede inducir a engaño al electorado.

En paralelo, el Partido Justicialista ensaya una respuesta orgánica y técnica: diseñó un sistema de conteo paralelo que funcione como contrapeso y herramienta de verificación frente a posibles inconsistencias en los resultados oficiales. La estrategia recuerda episodios de tensiones electorales anteriores —cuando la disputa por el relato de la noche de los comicios terminó convirtiéndose en un conflicto político y judicial— y nace en un clima de máxima desconfianza entre la oposición y el Ejecutivo.

Los argumentos técnicos y la sospecha política confluyen en un escenario de alta polarización. Desde el Gobierno se defendieron las pruebas y ensayos del sistema como ejercicios técnicos necesarios para garantizar la transmisión y la presentación de los datos el día de la elección; desde la vereda opuesta, el mismo procedimiento del simulacro fue leído como una operación comunicacional para instalar rápidamente una “foto” pública y mediática de triunfo. Las denuncias públicas (y ahora judiciales) ponen el foco en la diferencia entre lo que se informará en pantalla la noche del domingo y lo que emergerá del escrutinio distrito por distrito cuando avance el conteo definitivo.

El contexto internacional suma presión sobre la jornada. En Washington y en las oficinas de algunos inversores, la atención está puesta en el resultado del 26 de octubre: en las últimas semanas el presidente de Estados Unidos vinculó la continuidad del respaldo económico a Argentina —incluido un millonario acuerdo de asistencia financiera— con el desempeño electoral del oficialismo. Esa intervención diplomática y pública, que varios medios consignaron, alimenta la sensación de que se juegan intereses políticos y geoeconómicos más allá de la disputa local.

Las apelaciones formales a la Cámara Nacional Electoral sostienen que la difusión de un agregado nacional bajo la etiqueta “voto popular” no se apoya en normas claras y, por tanto, podría afectar la transparencia y el derecho de los ciudadanos a conocer los resultados en términos comprensibles y comparables. Para la oposición, la maniobra no sólo sería irregular sino parte de un patrón: cambios organizativos en lugares de votación, problemas de logística en notificaciones y transporte, y otras dificultades denunciadas en procesos anteriores alimentan la sospecha sobre la intención de condicionar la participación y la percepción del escrutinio.

Más allá de los reproches mutuos y de los recursos legales, el capítulo que se abre esta semana tiene efectos prácticos: la primera hora de la noche electoral suele ser la que marca la narrativa pública —programas televisivos, portales de noticias y redes sociales reproducen la “foto” inicial— y esa narrativa puede condicionar la confianza ciudadana y la legitimidad inmediata del proceso. La disputa, por tanto, no es sólo técnica sino simbólica: quién impone la primera versión de la verdad.

El peronismo anunció que, si la DINE mantiene su criterio, pondrá en marcha su conteo paralelo y movilizará a apoderados y fiscales en todas las mesas para documentar eventuales irregularidades. En su comunicación pública, dirigente tras dirigente repiten el mismo llamado: vigilancia, organización territorial y denuncia judicial si hace falta. Para sectores del oficialismo, en cambio, la crítica opositora forma parte de la lógica de la campaña: minimizar el esfuerzo técnico y politizar una decisión administrativa.

Quedan días intensos por delante. La elección del 26 de octubre se perfila como un momento definitorio para la gobernabilidad y para el futuro del proyecto político que encabeza el presidente. En ese clima, la disputa por cómo se muestran los números la noche del domingo es mucho más que una discusión sobre formatos: es una batalla por la primera hegemonía informativa que, si no se resuelve con reglas claras y aceptación generalizada, amenaza con prolongar la controversia electoral y convertir el escrutinio en un nuevo foco de conflicto institucional.