La UBA inicia acciones legales para que se aplique la Ley de Financiamiento
La Universidad de Buenos Aires iniciará acciones judiciales a fin de que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la inmediata implementación efectiva de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario y asigne de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes.
Mediante resolución unánime del Consejo Superior, la Universidad de Buenos Aires resolvió encomendar al Sr. Rector, a través de la Secretaría General, el inicio de las acciones judiciales pertinentes para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
Si bien el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley, suspendió su aplicación, hasta tanto el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento para la aplicación de la misma. En este marco, el Consejo Superior de la UBA consideró tomar medidas al respecto “a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.
Según la resolución de la UBA: “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación. Asimismo, implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
La Ley aprobada por el Congreso, insistida por ambas cámaras, tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes, por lo que “su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”, según se expresa en los considerandos de la resolución.
En este sentido, la Universidad de Buenos Aires presentó recientemente un informe por el cual, realiza un exhaustivo análisis de su presupuesto y expone, mediante cifras, la reducción presupuestaria sin precedentes que viene experimentando el sistema universitario nacional y la necesidad de que se promulgue la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde diciembre de 2023, la inflación acumuló un 250% mientras los salarios sólo aumentaron un 95%, lo que significó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los trabajadores. En la función educación, los gastos operativos registran desde mayo de 2024 una caída real del 30%. La situación es más crítica en salud: hasta agosto, el presupuesto de los Hospitales Universitarios estuvo congelado y la actualización posterior no recompuso el financiamiento, sino que apenas cubrió parte del impacto inflacionario para sostener la atención básica.
La Ley de Financiamiento Universitario prevé la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y nodocentes según la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
La necesidad de que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario es imperiosa. En términos de la resolución aprobada por el Consejo Superior de la UBA: “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
