Críticas a la modificación de la regulación sobre la portación de armas
Ayer se publicó en el Boletín Oficial una modificación normativa que abre la puerta a la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas por parte de usuarios civiles, una decisión que activa una alarma inmediata en las calles y en los barrios populares. La norma —registrada en el Decreto/Resolución publicada esta semana— permite establecer un régimen especial para la compra y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores extraíbles, lo que cambia de forma sustantiva el régimen vigente hasta ahora.
La medida fue justificada por el Ejecutivo como un ajuste regulatorio y una respuesta a supuestos usos legítimos deportivos y de seguridad, pero en los territorios populares la lectura es otra: vecinos y organizaciones sociales ven cómo, paso a paso, se normaliza la presencia de armamento de mayor letalidad en manos civiles —un fenómeno que ya potenció la inseguridad y la estigmatización de la vida comunitaria en múltiples contextos—. Los medios ya comienzan a describir el alcance del nuevo régimen y los requisitos que fijan la ANMAC y el RENAR para otorgar las autorizaciones.
Desde la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, expresó su preocupación por las consecuencias prácticas de la medida: “Un delincuente común va a tener más poder que un policía de calle”, advirtió, y alertó sobre una “escalada armamentística” que puede multiplicar los niveles de violencia en la vía pública. Alonso reclamó, en lugar de esta desregulación, políticas como un plan de canje de armas y programas de desarme que reduzcan la circulación de armamento letal.
Los especialistas en control de armas y las organizaciones por el desarme coinciden en un punto técnico y práctico: ampliar el acceso a armas semiautomáticas aumenta las posibilidades de desvío hacia el mercado ilegal y facilita que las mismas piezas lleguen, vía robo o contrabando, a redes criminales. Argentina ya conoce, por su propia historia, que los ciclos de “legitimación” y “mercado” de armas alimentan tanto la violencia organizada como la cotidiana: cuando más armas circulan, más se vuelve probable su uso letal en conflictos que antes se resolvían sin disparos.
Es necesario recordar además que el país tuvo experiencias exitosas de canje y políticas de desarme que redujeron la circulación de armas y contribuyeron a bajar ciertos indicadores de homicidios; existe evidencia regional y local que muestra que estrategias públicas de control, registro y destrucción de armamento son herramientas efectivas para mitigar riesgos colectivos. Por eso, la conversación pública debería enfocarse menos en la “legitimación” individual del arma y mucho más en políticas de prevención, control y recuperación social del espacio público.
Lo que está en juego no es solo una discusión técnica sobre tipos y calibres: es una decisión política que reconfigura la relación entre Estado, mercado y sociedad. En los barrios populares la reacción no es teórica: cuando se normaliza la presencia de fusiles semiautomáticos para usuarios civiles, se abre la compuerta a un mercado más grande, a mayores incentivos para el robo y la reventa, y a un imaginario de “seguridad armada” que empuja a las familias a tomar soluciones individuales —portar armas, organizar patrullas privadas— en lugar de fortalecer la convivencia, la prevención social y las políticas públicas de empleo, salud y educación que disminuyen la violencia de raíz.
La salida progresista a esta crisis convocada por la norma debe ser clara y colectiva: exigir la reversión de medidas que amplían la circulación de armas letales; impulsar programas nacionales y provinciales de canje y desarme; reforzar los mecanismos de control, trazabilidad y sanción sobre el tráfico y el desvío; y, sobre todo, priorizar inversión social en barrios que han sufrido históricamente abandono estatal. Si no hay una respuesta organizada, democrática y solidaria, la consecuencia será previsible: más armas, más riesgos y más vidas puestas en juego en las esquinas de nuestra cotidianeidad.
