Paro y reclamo de las universidades
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió profundizar su plan de lucha y convocó a un paro nacional de 72 horas para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025, en reclamo de la urgente actualización salarial y la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue aprobada por “amplia mayoría” durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales que reunió a representantes de sindicatos de base de todo el país —entre ellos COAD, FEDUBA, ADUM, ADIUC y AGDU— y supone el inicio de una estrategia de mayor alcance si el Ejecutivo persiste en su negativa.
“Si el Gobierno persiste en su negativa a aplicar la ley, el conflicto escalará y pondrá en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026”, alertó la federación, que ya anticipó que no dará inicio a las clases del próximo año mientras no existan respuestas concretas. Desde CONADU denunciaron además un “recorte salarial de facto” que, combinando pérdida de poder adquisitivo y congelamiento presupuestario, afecta el funcionamiento de las universidades públicas.
La Federación confirmó que, junto al Frente Sindical Universitario, avanzará con una presentación judicial para exigir la reapertura inmediata de las paritarias. En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió presentar una acción de amparo para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que suma una vía administrativa y otra judicial a la disputa.
El paro de 72 horas fue definido como “el primer paso de una estrategia más amplia” que, según los dirigentes, podría incluir la suspensión del ciclo lectivo hasta tanto se garantice el financiamiento y la recomposición salarial. El consenso en el Plenario fue total: la medida no sólo expresa un rechazo a la política educativa del Gobierno sino también la voluntad de escalar la protesta si no hay definiciones.
Presupuesto 2026 y la respuesta oficial
La decisión se enmarca en el debate por el Presupuesto 2026, luego de que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, confirmara que la Ley de Financiamiento Universitario no será implementada. Aunque desde el Ejecutivo se habla de un aumento nominal del 17,6% en la inversión educativa, los gremios reclaman que la pérdida salarial acumulada supera el 40% y denuncian que ese incremento nominal es insuficiente frente a la inflación y al deterioro real de los haberes docentes.
“La indiferencia oficial agrava el deterioro del sistema y empuja al conflicto”, sostuvo CONADU, que además alertó sobre el impacto del congelamiento presupuestario en la capacidad de las casas de estudio para sostener actividades académicas, investigación y condiciones laborales mínimas para el plantel docente.
Durante el Plenario, la federación expresó su respaldo a los docentes de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Formosa (ADUFOR), que denunciaron persecución institucional por parte de las autoridades de la UNaF. Según CONADU, docentes están siendo sancionados “por tener una postura crítica y diferente a la gestión”, una situación que la Federación calificó como parte del cuadro más amplio de desfinanciamiento y hostigamiento a la docencia crítica.
Hacia una nueva etapa de confrontación
El conflicto universitario, que ya lleva más de dos años, entra así en una nueva etapa. Las federaciones docentes y el CIN insisten en el cumplimiento de la ley y en la recuperación del poder adquisitivo; el Ejecutivo, por ahora, mantiene la decisión de no aplicar la norma y ofrece aumentos nominales que los sindicatos consideran insuficientes.
La próxima semana será clave: el paro de 72 horas marcará el pulso de una disputa que pone en jaque no sólo la normalidad académica inmediata sino la planificación del ciclo lectivo 2026. Si no hay apertura de negociación y señales concretas de financiamiento, advierten los dirigentes, la confrontación podría intensificarse con medidas que afectarían el inicio de clases y la vida universitaria en todo el país.
