Octubre mostró un repunte de la inflación: 2,3%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre se aceleró al 2,3%, luego del 2,1% de septiembre, y acumuló un 24,8% en los primeros diez meses de 2025. La variación interanual alcanzó el 31,3%, el nivel más bajo desde julio de 2018 (31,2%), una señal de desaceleración en la serie anual que convive, sin embargo, con presiones mensuales que vuelven a golpear el bolsillo de las mayorías.

Aunque el dato interanual ofrece cierta contención estadística —y es utilizado por el Gobierno para subrayar una tendencia descendente en la inflación anual—, el salto mensual y la composición del alza muestran con claridad quién paga el costo: las familias que dependen de salarios y jubilaciones y enfrentan aumentos en servicios y transporte.

Transporte y vivienda empujaron la suba

Según el INDEC, los rubros que más contribuyeron a la aceleración mensual fueron Transporte (+3,5%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,8%), ambos muy por encima del promedio general y responsables de buena parte del avance de octubre. En tercer lugar quedaron Bienes y servicios varios y Prendas de vestir y calzado (2,4% cada uno), mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas —uno de los componentes de mayor peso en el índice— se elevó 2,3%.

Por debajo del promedio se ubicaron Salud (+1,8%), Educación (+1,7%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (+1,6%) y Recreación y cultura (+1,6%).

El 2,3% de octubre representa la suba mensual más alta desde abril (cuando el IPC marcó 2,8%), lo que pone en evidencia que el “freno” observado durante el invierno —con valores mensuales por debajo del 2%— fue transitorio y que la inflación volvió a tomar impulso en septiembre y octubre.

Estacionales, regulados y núcleo: señales contradictorias

En el desglose por tipos de precios, los precios estacionales subieron 2,8%, los regulados 2,6% y el IPC núcleo (que excluye estacionales y regulados) avanzó 2,2%. Esa combinación muestra una dinámica ambivalente: por un lado, cierta moderación del consumo y del componente núcleo; por otro, ajustes tarifarios y aumentos en servicios que siguen trasladando el ajuste a los hogares.

La pauta fiscal y el control del gasto público han moderado algunas presiones, pero los ajustes en servicios regulados —y las subas en transporte— demuestran que las políticas aplicadas siguen provocando un traslado directo de costos sobre quienes menos pueden absorberlos.

Desde una mirada progresista, los números requieren leerse poniendo en primer plano a las personas: una inflación mensual de 2,3% significa que un salario que no se actualiza automáticamente pierde poder real a ritmo acelerado. Para millones de hogares que destinan una porción significativa de sus ingresos a transporte, tarifas y alimentos, incluso variaciones “moderadas” resultan en restricciones inmediatas —recorte de compras, pérdida de acceso a servicios privados de salud, retrasos en el pago de servicios— y en mayor precariedad.

Organizaciones sindicales y sociales vienen alertando que la combinación de ajustes tarifarios con un mercado laboral que no recupera salarios en términos reales está provocando una inflación “de bolsillo” que golpea primero a los asalariados, jubilados y monotributistas.

Con un acumulado de 24,8% hasta octubre, algunos analistas proyectan que la inflación anual podría terminar por debajo del 30%, siempre y cuando no se produzcan nuevos aumentos generalizados en tarifas y no se intensifique la dolarización de precios. Esa hipótesis, sin embargo, es frágil: la continuidad de la moderación depende de decisiones públicas —sobre tarifas, subsidios y política salarial— y de factores externos que pueden presionar los precios.

Si el ajuste se sostiene en trasladar costos mediante tarifas o en recortes de gasto que afecten la inversión social, el alivio estadístico del 31,3% interanual no se traducirá en mejoras de bienestar.

Qué opciones quedan sobre la mesa

Ante este escenario, la política económica tiene alternativas que determinan quién asume el costo de la desinflación:

Negociación salarial realista: acuerdos que permitan recuperación de ingresos por encima de la pauta inflacionaria esperada para sectores vulnerables.

Protección de precios de canasta básica: acuerdos de control y promoción de oferta de alimentos populares, junto a mecanismos de estímulo a la producción local.

Revisión de la política tarifaria: establecer criterios de ajuste más progresivos, segmentación real de subsidios y mayor fiscalización de los servicios privatizados para evitar traslados automáticos de costos.

Refuerzo de asistencia social: ampliar y focalizar transferencias para amortiguar el golpe a los hogares más afectados.

El dato de octubre exhibe dos caras: una desaceleración interanual que permite cierto alivio estadístico y, al mismo tiempo, una reactivación de presiones mensuales con impacto directo en transporte y vivienda. Para que la contención de la inflación beneficie a la mayoría y no solo aparezca en estadísticas, serán necesarias políticas públicas que prioricen la protección del poder adquisitivo de asalariados, jubilados y sectores populares, y que eviten trasladar el ajuste exclusivamente a través de tarifas y recortes del gasto social. Sin ese enfoque, la “baja” interanual será una victoria de corto plazo que no alcanzará a mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.