El movimiento obrero pone el cuerpo contra la reforma laboral

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó lo que desde hace semanas venía perfilarse como la primera respuesta contundente del movimiento obrero al paquete de reformas impulsado por el Gobierno: un paro nacional con movilización para el miércoles 19 de noviembre. La medida —resuelta en un plenario de delegados que reunió representantes de todo el país— busca frenar de raíz lo que el sindicato define como un retroceso en derechos laborales y una ofensiva que conecta la reforma con los acuerdos internacionales que, en la lectura sindical, buscan abaratar el trabajo en la Argentina.

El llamado a la huelga de ATE, encabezado por Rodolfo Aguiar, llegó acompañado de definiciones duras: “Los altos niveles de adhesión que se están anticipando muestran una creciente toma de conciencia en los trabajadores acerca de los perjuicios que acarrea la legislación propuesta”, dijo el dirigente, y sostuvo que “es suicida esperar hasta el 10 de diciembre para conocer los detalles” porque —denuncia el sindicato— ese aplazamiento beneficia al Gobierno y a los grandes grupos económicos que impulsan la reforma. Aguiar relacionó además la iniciativa laboral con el acuerdo con los Estados Unidos, denunciando que ambos forman parte de “un plan de entrega” destinado a abaratar los costos laborales y facilitar el saqueo de nuestros recursos. Estas declaraciones, y el cruce político que desató, están en el centro del debate público.

No es un episodio aislado: el rechazo crece desde el seno de otros sindicatos con poder de fuego. En el cierre del 74° Congreso Nacional Ordinario de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, su secretario general, Daniel Yofra, advirtió que “los aceiteros y los desmotadores vamos a ir a la huelga cuando este gobierno quiera avanzar contra los derechos laborales” y convocó a consolidar la unidad sindical como clave de la resistencia. Del congreso participaron referentes de otros gremios —entre ellos Abel Furlán (UOM), María Fernanda Boriotti (FESPROSA) y Rodolfo Aguiar (ATE)— quienes coincidieron en la necesidad de coordinación y en que la lucha colectiva es la herramienta central para frenar el plan oficial.

Ese llamado a la unidad se cruza con las voces de la dirigencia cegetista: Jorge Sola, cotitular de la CGT, criticó la dinámica del Ejecutivo y advirtió que una reforma que avance “sin letra chica, sin consensos y sin los sectores afectados en la mesa, nace viciada”. La crítica de la CGT no es neutral: plantea que cualquier cambio laboral debe pasar por la discusión con los actores sociales implicados, porque la ausencia de debate legitima tanto el rechazo como la movilización social.

La narrativa oficial —que presenta el paquete como una modernización para atraer inversiones— choca con la memoria del movimiento obrero, que recuerda la derrota política que significó la movilización masiva contra las llamadas “reformas” del pasado. Para muchos cuadros sindicales, la pretensión de volver a “flexibilizar” normas esenciales remite a tentativas anteriores que terminaron en ajuste y precarización. Desde esa perspectiva histórica, la consigna no es sólo resistir: es disputar el sentido del modelo de país. Como lo planteó Abel Furlán durante el intercambio en el congreso aceitero, la pelea no es sólo por paritarias o convenios: es por “qué país queremos” y si aceptamos o no un proceso de desindustrialización que empuje el empleo a condiciones de explotación.

Los argumentos sindicales tienen una lógica política clara: no se trata únicamente de defender conquistas corporativas, sino de frenar un proyecto económico que, según los gremios, favorece la concentración y degrada el empleo. “No nos podemos quedar con que nosotros estamos bien”, dijo Yofra, y enfatizó que “lo único que nos va a salvar es la lucha colectiva”; un mensaje que busca quebrar la lógica de aislamientos sectoriales y virar hacia un plan de acción coordinado entre centrales y sindicatos de base.

En el terreno político inmediato, la convocatoria de ATE y las advertencias de la Federación Aceitera tensan todavía más el tablero: las medidas de fuerza que se anuncian no son rituales, sino señales de que el movimiento obrero intenta recuperar iniciativa y marcar la agenda. El mensaje es doble: a los trabajadores, que deben organizarse y coordinar respuestas; y al Gobierno y a los empresarios, que una reforma regresiva encontrará no sólo oposición discursiva sino herramientas concretas —huelgas, movilizaciones, solidaridad intersindical— para frenarla.

¿Qué viene ahora? La hoja de ruta será, en los hechos, la capacidad de articular unidad y sostener la movilización. El paro del 19 busca ser una primera prueba de fuerza: colocar en la calle a sectores del Estado y demostrar que la capacidad de presión existe. Pero los gremios saben que, para evitar futuras embestidas, hace falta algo más que resistir: debatir alternativas de modelo que pongan en el centro la producción, la industrialización y la protección efectiva del empleo. Esa discusión política —sobre qué país queremos— es la que, según muchos dirigentes presentes en los últimos plenarios y congresos, debe acompañar la táctica confrontativa.

En un escenario donde la ofensiva oficial encuentra resistencia creciente desde abajo, el movimiento obrero intenta transformar la indignación en estrategia. Si 2017 mostró que la calle puede frenar proyectos regresivos, el reto actual es ampliar esa experiencia: no sólo para evitar retrocesos puntuales, sino para disputar una agenda donde los derechos laborales no sean moneda de cambio sino pilares de una reconstrucción productiva y democrática.