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Servicios públicos y transporte estrangulan los ingresos de los argentinos

Un golpe sordo y constante en la economía de las familias. Eso representan, mes a mes, las facturas de los servicios y el boleto del transporte público. Ahora, un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el CONICET, le pone números duros a esta sangría: el presupuesto familiar destinado a estos rubros se incrementó un 525% desde diciembre de 2023, una cifra que duplica con creces el ya descomunal 240% de inflación acumulada en el mismo período.

Según el último Reporte de Tarifas y Subsidios, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debe desembolsar $173.480 mensuales para pagar la energía eléctrica, el gas natural, el agua potable y el transporte público. La partida más abultada, y la que más castiga a la clase trabajadora, es el transporte, con un costo promedio de $81.233, absorbiendo casi la mitad del total de esta canasta tarifaria.

El desglose del ajuste

La comparación con el inicio de la gestión del presidente Javier Milei es elocuente y no deja lugar a dudas sobre el rumbo elegido: un despojo sistemático de los ingresos populares para transferirlos a las arcas de las corporaciones. Los aumentos específicos por servicio son escandalosos:

Transporte: +912%

Gas: +748%

Agua: +365%

Luz: +263%

Estos porcentajes, muy por encima de cualquier índice de costo de vida, no son el resultado de una «mano invisible» del mercado, sino de una política deliberada de shock contra los sectores populares. Mientras el gobierno insiste en un relato de «ajuste para ordenar», la contracara es un festival de ganancias para los grupos energéticos y concesionarios del transporte.

Este tarifazo fenomenal no ocurre en el vacío. Se combina con una profundización de la precariedad laboral: salarios que siempre van por detrás de la inflación, recorte de horas extras, suspensiones y despidos masivos. Este combo explosivo constituye un fenomenal robo a los bolsillos de los trabajadores, que ven cómo el fruto de su esfuerzo se esfuma en facturas que, literalmente, duplican y triplican su valor de hace un año.

El reciente aumento de noviembre, con subas en el boleto, la electricidad y el gas, confirma la tendencia alcista. El gobierno no da tregua, aplicando con celo las recetas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los grupos de poder local como la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Un proyecto de país: entrega y concentración

La dolarización de facto de las tarifas, la licuación de los salarios reales y las reformas estructurales en danza no son hechos aislados. Son las piezas de un mismo rompecabezas: un proyecto político que responde a los intereses de los grupos económicos concentrados. En el gobierno de Milei, la entrega de las riquezas nacionales y el producto del trabajo popular no tiene límites. Todo está subordinado a la obtención de ganancias extraordinarias para una minoría.

Frente a este panorama, queda claro que el control y la planificación de los servicios esenciales, que son aspectos neurálgicos de la vida cotidiana, no pueden quedar en manos de quienes priorizan la rentabilidad por sobre la dignidad humana. La batalla por las tarifas es, en esencia, una batalla por el modelo de país.

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