La comunidad científica pide frenar un evento antivacunas en el Congreso
La comunidad médica y científica argentina encendió las alarmas ante una jornada sobre vacunas Covid-19 convocada por la diputada del PRO Marilú Quiróz para el 27 de noviembre en el Anexo A de la Cámara de Diputados. Diversas sociedades científicas definieron la actividad como “tendenciosa e inequitativa” y reclamaron formalmente su suspensión al presidente de la Cámara, advirtiendo que podría alimentar la desconfianza pública y agravar la caída histórica de las coberturas vacunales en el país.
La actividad, titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?: Perspectivas Legales, Políticas, Genéticas e Infectológicas”, será de acceso público y gratuito. Pero lo que en apariencia podría presentarse como un debate técnico fue interpretado por médicos y especialistas como una plataforma que legitima relatos antivacunas y desinforma a la población sobre productos sanitarios cuya seguridad y eficacia están avaladas por décadas de evidencia y por los organismos de control.
Alarmas fundadas
En la carta dirigida a la presidencia de la Cámara baja, casi una decena de entidades científicas —entre ellas la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP), la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad Argentina de Virología, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Asociación Argentina de Microbiología— solicitaron la suspensión del encuentro. Las instituciones señalaron que institucionalizar discursos antivacunas en un recinto parlamentario “podría provocar reticencia a vacunarse en la comunidad o dudas respecto al valor de las vacunas”, con consecuencias sanitarias previsibles.
El reclamo no es retórico: llega en medio de un derrumbe real y documentado en las coberturas vacunales infantiles y adolescentes. Informes periodísticos y el análisis de datos oficiales muestran caídas abruptas en dosis que antes alcanzaban niveles amplios de protección comunitaria. La cobertura del refuerzo contra la poliomielitis, por ejemplo, descendió al 47,6% en 2024, cuando durante la década previa no bajó del 84%. La triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— cayó a niveles cercanos al 46–47% en el mismo periodo. Estas cifras están lejos de la meta del 85–95% que la OPS y expertos exigen para sostener la inmunidad colectiva y evitar brotes.
Los especialistas advierten que una disminución sostenida en las coberturas abre la puerta a la reaparición de enfermedades que hasta hace poco estaban controladas o eliminadas en amplias zonas: poliomielitis, sarampión, coqueluche y meningitis por meningococo, entre otras. En 2024 ya se registraron indicadores preocupantes —incluido el aumento de casos de coqueluche y alertas locales por sarampión— que, para la comunidad científica, están íntimamente vinculados a la pérdida de confianza que siguió a la pandemia y a la circulación de discursos antivacunas.
La diputada y el discurso de la “libertad”
Marilú Quiróz, cuyo mandato culmina el 10 de diciembre, defendió la convocatoria y aprovechó la exposición pública para reiterar su postura contraria a la vacunación obligatoria: “Yo tengo que ser libre de hacer lo que sienta que tenga que hacer, no me pueden ir a buscar con la policía para que me vacunen”, afirmó en declaraciones públicas, y llegó a cuestionar la autoridad de la ANMAT: “No es un sinónimo de seguridad”, sostuvo en un stream. Además, presentó un proyecto para revisar la Ley 27.491 (obligatoriedad del calendario nacional) incorporando principios de “libertad, consentimiento informado y autonomía”, en línea con la Ley Nicolás (27.797), argumento que recorre discursos liberales y antivacunas por igual.
Es importante separar dos cosas: el debate legítimo sobre marcos legales y derechos individuales —que corresponde a la arena legislativa— y la utilización de un auditorio parlamentario para dar visibilidad a sesgos científicos y a afirmaciones que, según los expertos, carecen de sustento y dañan la salud pública. Las sociedades firmantes sostienen que el espacio público del Congreso no puede transformarse en altavoz de discursos que ponen en riesgo a la población.
La jornada había sido suspendida en octubre tras la queja de un grupo de diputados, pero Quiróz insistió y consiguió reprogramarla para fines de noviembre. Ese dato revela, además, la tensión entre la libertad de convocatoria parlamentaria y la responsabilidad institucional de cuidar la salud colectiva en momentos en que las coberturas vacunales atraviesan un punto crítico. Para las sociedades científicas, tolerar este tipo de actividades sin contrapesos informativos incrementa la vulnerabilidad de niños, adolescentes y colectivos con riesgo médico.
No se trata sólo de una disputa política o retórica: está en juego la protección de generaciones enteras frente a enfermedades prevenibles. Cuando la discusión pública en un recinto oficial se cruza con datos que muestran caídas de hasta 40 puntos en coberturas clave —y con estándares de la OPS que recomiendan >85% para evitar brotes—, la prudencia y la responsabilidad deberían primar. Las sociedades científicas reclaman que el Congreso actúe con la cautela necesaria y que los debates sobre legislación sanitaria se desarrollen con evidencia, equilibrio y sin alimentar miedos infundados.
En una Argentina donde la inmunización colectiva se volvió frágil, la convocatoria de una jornada que alimenta dudas sobre vacunas —y que tiene lugar en el corazón del poder legislativo— no es un hecho inocuo. Para buena parte de la comunidad científica, es una apuesta peligrosa que puede profundizar un retroceso sanitario ya en marcha. Que el Congreso sea escenario de debate no exime a sus actores de la responsabilidad de proteger la salud pública: cuando la evidencia y la historia muestran que las vacunas salvan vidas, la desinformación deja de ser opinión y se transforma en riesgo colectivo.
