Kicillof se refirió a la Ley de Financiamiento bonaerense

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a pedirle a la Legislatura provincial la sanción de la Ley de Financiamiento, en una conferencia donde defendió el pedido de autorización para refinanciar y renovar obligaciones y reivindicó que la gestión no está solicitando “nueva deuda”, sino recursos para atender vencimientos contraídos en ejercicios previos. “La deuda se va a mantener en los niveles actuales. No es nueva deuda: es renovación y cubrir los vencimientos”, afirmó el mandatario ante legisladores y periodistas.

Kicillof presentó un balance comparativo: cuando su gobierno asumió, la deuda provincial en relación con el producto bruto era del 9% y hoy —dijo— se ubica en torno al 6%; la carga anual de intereses, que representaba el 7,8% del presupuesto, se habría reducido al 3%. Con esos datos, el gobernador buscó enmarcar la iniciativa como una gestión responsable que administra pasivos aprobados por la Legislatura en la gestión anterior. “Nuestra gestión administró una deuda que fue tomada y aprobada por la Legislatura durante la época de Vidal”, remarcó.

El meollo del proyecto es la petición de autorización para obtener financiamiento por un monto superior a los 3.000 millones de dólares —las notas periodísticas y el Ejecutivo mencionan cifras que rondan los USD 3.034–3.038 millones— y la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal que se financiaría con el 8% de esos recursos, destinado a ayudar a los 135 municipios de la provincia. Kicillof explicó que el fondo busca aliviar la situación de los intendentes, muchos de los cuales —dijo— atraviesan dificultades para afrontar gastos corrientes como sueldos y aguinaldos, por la caída de la actividad y de la coparticipación.

“Quienes tenemos responsabilidad de gestión necesitamos las herramientas necesarias para dar respuestas en tiempos difíciles”, sostuvo el gobernador y advirtió que, sin el financiamiento solicitado, la Provincia se vería forzada a afrontar vencimientos con recursos destinados a salud o educación. “No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de una deuda que no tomamos, con recursos que se retraigan de salud o educación”, enfatizó.

Tensión política y demanda de garantías públicas

El proyecto trascendió como polémico en la Legislatura: el oficialismo busca los votos para alcanzar el quórum y la mayoría necesaria, mientras que sectores de la oposición y algunos jefes comunales, han cuestionado condiciones, plazos y la forma de asignación del fondo municipal. La negociación por el porcentaje destinado a los municipios y el mecanismo para garantizar esos recursos fue uno de los puntos que complicó las conversaciones entre los bloques.

Ante esos choques, Kicillof lanzó una advertencia a los legisladores: “La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social de la provincia. No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia”, dijo, en un mensaje dirigido tanto a la oposición como a sectores de la propia coalición con internas. El gobernador buscó así trasladar la discusión hacia el impacto social de su eventual rechazo.

El Ejecutivo provincial argumenta que la iniciativa no sólo apunta a refinanciar pasivos, sino también a proveer un alivio puntual a los municipios a través del fondo que representaría el 8% de los recursos autorizados por la ley —según distintas versiones del proyecto, ese tramo se calcula sobre una cifra cercana a los 3.034 millones de dólares— y que se distribuiría entre los 135 distritos para colaborar con inversiones y gastos corrientes. Kicillof insistió en que la situación fiscal de muchos municipios es crítica y que, sin apoyo, habría serias dificultades para pagar salarios y prestaciones.

La discusión pública y legislativa circunscribe hoy a dos ejes:

• Transparencia y destino de los fondos. Los sectores que exigen más garantías piden mecanismos claros de control, cláusulas específicas para que el 8% se aplique efectivamente a inversión municipal y retenciones que eviten desvíos.

• Condicionalidad y prioridades sociales. Desde una mirada progresista, la discusión no puede limitarse a si se toma o no deuda, sino a cómo se utiliza y qué seguridades hay para que la refinanciación no implique ajuste en salud, educación o políticas sociales. Kicillof apeló precisamente a ese argumento: rechazar la ley pondría en riesgo partidas esenciales.

Voceros opositores han planteado reservas acerca del tamaño del endeudamiento y exigieron más precisión sobre plazos, costos financieros y garantías. Por su parte, el oficialismo y una parte de los intendentes sostienen que, sin la autorización, la Provincia y los municipios enfrentarán urgencias que deteriorarán servicios básicos y la capacidad de pago. Las votaciones parciales del Presupuesto y la Ley Fiscal ya dejaron entrever la fragmentación necesaria para obtener los dos tercios que exige la norma en materia de endeudamiento.

Axel Kicillof llegó a la mesa de debate legislativo con una propuesta que mezcla refinanciación de vencimientos y un paquete de asistencia municipal. Con sus frases más contundentes —“No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia” y “no estamos dispuestos a afrontar vencimientos de una deuda que no tomamos, con recursos que se retraigan de salud o educación”— el gobernador intentó poner la discusión en clave de urgencia social. La Legislatura, en cambio, exigirá garantías y números claros antes de conceder la autorización para una operación que, si se aprueba, tendrá impacto directo en el presupuesto provincial y en la cotidianeidad de los 135 municipios. El desafío será conciliar la necesidad de evitar un agravamiento del gasto social con la obligación de asegurar control, destino y proporcionalidad en el uso de esos recursos.