La industria cae e incumple pagos

La industria argentina atraviesa una crisis profunda que ya no puede presentarse como un efecto colateral: los números de esta semana muestran un proceso sistemático de desmantelamiento productivo y primarización económica. Casi la mitad de las empresas industriales enfrenta incumplimientos en pagos esenciales, más del 40% redujo la producción respecto al tercer trimestre y los indicadores de salud industrial se hunden por debajo del umbral de expansión. Para trabajadores, pymes y comunidades productivas, esto significa pérdida de empleo, cierre de plantas y una creciente dependencia de importaciones que vacía el tejido industrial nacional.

Datos clave

• 47,5% de las empresas industriales reportaron problemas de incumplimiento en pagos (salarios, proveedores, impuestos o servicios), y 8,2% declaró dificultades en todos esos rubros.
• Los ítems con mayor presión fueron impuestos (29,3%) y pagos a proveedores (26,7%).
• El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) de la UIA retrocedió 5,2 puntos respecto a 2024 y quedó en 43,8%, por debajo del umbral de expansión.
• 40,3% de las empresas redujo producción frente al tercer trimestre; 47,7% registró contracción de ventas internas en octubre; 25,1% enfrentó restricciones en exportaciones.
• En el noveno mes del año, el empleo asalariado en ramas clave cayó 12%, equivalente a 14.000 puestos menos.
• Las importaciones de bienes industriales y de consumo se dispararon: ejemplos contundentes citados por empresarios muestran saltos en la entrada de lavarropas y heladeras que multiplican por decenas los volúmenes del año anterior.
• En la industria textil, las importaciones crecieron 89% interanual hasta 332.696 toneladas entre enero y octubre, mientras la producción se contrajo 20% interanual.
• Los cheques rechazados por falta de fondos se triplicaron en un mes y aumentaron 205,6% interanual, con más de 100.000 rechazos en el último mes medido.
• El cierre de empresas continúa: se reportan alrededor de 40 empresas por día, afectando mayormente a las pymes, aunque también han cerrado firmas de gran porte.

La contracción productiva se traduce rápidamente en pérdida de empleo y precarización. 21% de las empresas redujo personal, 23,5% recortó turnos y 7,7% aplicó suspensiones. Las pymes, con márgenes más estrechos y menor acceso a financiamiento, son las primeras en sentir la asfixia: cierres, quiebras y ceses de actividad que golpean economías regionales y cadenas de valor locales. Cuando las grandes decisiones de política económica favorecen la apertura indiscriminada de importaciones, la eliminación de líneas de crédito productivo y la caída del poder adquisitivo, el resultado es previsiblemente la desocupación y la pérdida de capacidades productivas.

Los saltos en las importaciones de bienes durables y de insumos industriales no son neutros: implican la sustitución de producción local por productos extranjeros y la erosión de proveedores nacionales. El fenómeno se observa con fuerza en electrodomésticos, textil y materiales de construcción. La consecuencia es doble: por un lado, fábricas que reducen o cierran; por otro, una economía que se orienta hacia la exportación de materias primas y la importación de manufacturas, es decir, la primarización. Este proceso se acompaña, según denuncias del sector, de políticas que facilitan la entrega de recursos estratégicos a grandes grupos económicos y de marcos regulatorios que no protegen la industria nacional.

Los informes y encuestas no son meras estadísticas: son la radiografía de una estrategia económica que, para muchos actores del campo popular y del movimiento obrero, responde a un plan de desguace. La combinación de salarios que pierden poder adquisitivo, aumento de tarifas, cierre de líneas de crédito para la producción y apertura de importaciones genera un círculo vicioso: menor consumo, caída de ventas, reducción de producción y más despidos. El cierre de plantas y la pérdida de empleo no solo afectan balances empresariales; erosionan derechos laborales, reducen la demanda interna y profundizan la desigualdad social.

Los sectores industriales y sindicales reclaman medidas urgentes para frenar la desindustrialización: políticas de estímulo al mercado interno, líneas de crédito accesibles para pymes, protección inteligente frente a importaciones que compiten deslealmente, incentivos a la inversión productiva y acuerdos de reconversión tecnológica que preserven empleo. Recuperar la capacidad productiva exige una estrategia integral que priorice la industria nacional como motor de desarrollo, en lugar de resignarla a un rol secundario en la cadena global de valor.

La evidencia acumulada esta semana obliga a un debate público serio sobre el rumbo económico: no se trata solo de números, sino de decisiones políticas que definen si la Argentina será un país con industria y trabajo digno o una economía cada vez más dependiente de la exportación de materias primas y la importación de manufacturas.