Tecnópolis rumbo a un futuro que eliminará su razón de ser

Tecnópolis, inaugurado en 2011 como apuesta pública por la ciencia, la educación y la cultura, entra en una etapa que amenaza con desnaturalizar su razón de ser. La Resolución 98/2025 que lanza la licitación para concesionarlo, no es una operación administrativa más: consagra una visión que reduce lo público a un balance y convierte la divulgación en un costo a eliminar.

Tecnópolis, inaugurado en 2011 como apuesta pública por la ciencia, la educación y la cultura, entra en una etapa que amenaza con desnaturalizar su razón de ser. La Resolución 98/2025 que lanza la licitación para concesionar más de 500.000 metros cuadrados en Villa Martelli no es una operación administrativa cualquiera: consagra una visión que reduce lo público a un balance y convierte la divulgación en un costo a eliminar.

El pliego propone una concesión de 25 años con toma de control prevista para el 1 de julio de 2026, un canon inicial fijado en 611 millones de pesos mensuales y exigencias de garantía que obligarán al adjudicatario a priorizar la generación de ingresos. En la práctica eso equivale a más eventos privados, espectáculos comerciales y concesiones cuya lógica de mercado determinará la programación y el acceso.

Manuel Adorni celebró que Tecnópolis “nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”. El eufemismo oculta un desplazamiento ideológico: para el gobierno de Javier Milei la educación y la cultura son gastos prescindibles, y todo activo público debe transformarse en fuente de rentabilidad. La decisión deja de lado la pregunta esencial: ¿qué bienes deben permanecer bajo responsabilidad pública por su valor social, aunque no sean rentables?

Las cifras que esgrime el Ejecutivo —déficit histórico, deuda acumulada y faltantes de equipamiento— son reales, pero no bastan como legitimación política para transferir un bien estratégico. Si el criterio decisivo es la eficiencia fiscal, la consecuencia será la erosión del rol democratizador del espacio. Privatizar por necesidad de caja significa delegar en privados la definición de qué actividades se sostendrán y a qué públicos estarán destinadas.

El pliego obliga al concesionario a mantener actividades “no competitivas”, pero la ambigüedad habilita interpretaciones interesadas: ¿quién vigilará que primen escuelas, programas educativos y proyectos comunitarios sobre espectáculos de altos ingresos? Sin fiscalización independiente, cláusulas de reversión claras y mecanismos de participación ciudadana, las promesas de preservación pueden quedar en letra muerta.

La reducción de personal del predio iniciada en 2023 debilitó la capacidad operativa pública y facilitó el traslado hacia un modelo mercantil. La aparente mejora de ingresos por la apertura a eventos privados constituye, a juicio de críticos, la prueba de que la única vía para sostener el parque es convertirlo en un centro de actividades lucrativas. Esa certeza revela la trampa del modelo: para pagar el canon y la póliza exigida, la lógica será maximizar la recaudación, no garantizar acceso público y gratuito.

Tecnópolis no es solo tierra y construcciones; es un dispositivo público de acceso a la ciencia y la cultura que funcionó como plataforma de inclusión educativa. Entregarlo al mercado implica ceder la agenda cultural y científica a operadores cuyo mandato principal será el retorno económico. Así, la política cultural se subordinará a la cuenta de resultados, y la noción de patrimonio común se convertirá en activo transable.

La disputa que se abre tiene un alcance mayor que la defensa de un predio: pone en cuestión el tipo de Estado que se construye. Si la respuesta oficial es reducir la función pública a evitar “cargas”, se está decidiendo que lo que no rinde en términos contables no merece ser sostenido por la sociedad. Esa definición política supone una involución respecto de la idea de lo público como espacio de formación, encuentro y experimentación.

Quedan herramientas para mitigar el riesgo: fiscalización constante, participación de organizaciones culturales, cláusulas de reversión vinculantes y control social efectivo. Pero exigir esas herramientas no neutraliza la esencia del problema: la privatización como lógica de fondo. Si Tecnópolis pasa a ser, por supervivencia económica, un parque de negocios, lo que se perderá no podrá recuperarse con cifras de auditoría.

La sociedad civil, los sindicatos y las universidades deben articular una defensa clara: no todo puede ser mercantilizado sin pagar un precio en términos democráticos y culturales. La licitación está en marcha; la decisión final dirá si el Estado preserva un bien común o lo entrega a la lógica exclusiva del mercado. Si se opta por lo segundo, quedará registro de que una apuesta pública por la ciencia y la cultura fue sacrificada en nombre de una concepción estrecha y economicista del interés general. La memoria institucional y el derecho a la cultura exigirán, en ese caso, vigilancia permanente y reclamos con herramientas efectivas.