Así, cualquiera: superavit mentiroso de la gestión Milei
El Gobierno exhibe un superávit primario que, a primera vista, pretende mostrar solidez fiscal y orden. Pero detrás del número se esconde una anatomía distinta: el balance “positivo” no nace de una economía que se reactiva ni de una mejora estructural en la recaudación, sino del mayor recorte del gasto público en más de dos décadas. Esa es la lectura central del informe del Instituto Argentina Grande (IAG), y sus consecuencias son palpables: inversión pública paralizada, transferencias a las provincias en mínimos históricos y hogares que sostienen el consumo con crédito.
El dato que resume la estrategia es brutal: el gasto público real se redujo 27% respecto de 2023, y la inversión pública se desplomó en torno al 75% en el último semestre, lo que equivale a la virtual paralización de la obra pública en todo el país. Ese achique explica, por sí solo, buena parte del “resultado positivo” en las cuentas del Estado. No es una victoria por crecimiento; es la constatación de un ajuste que frena la economía.
La segunda mentira del superávit es su presentación como capacidad distributiva, cuando en la práctica implicó la extinción de recursos destinados a sostener gobiernos provinciales y servicios esenciales. Las transferencias a las provincias cayeron en niveles extremos —con reportes que ubican la baja en torno al 70–75% en algunos rubros discrecionales— y dejaron a numerosas jurisdicciones sin margen para políticas sociales, salud, infraestructura o pago de servicios básicos. Ese vaciamiento fiscal federal no sólo empeora la gobernabilidad provincial; erosiona la conectividad y la competitividad productiva.
El tercer elemento que el superávit pretende ocultar es la naturaleza financiera de la aparente “calma cambiaria”. Para sortear vencimientos externos el país recurrió a ingeniería financiera: el pago a bonistas del 9 de enero fue cubierto parcialmente mediante acuerdos tipo “repo” por varios miles de millones de dólares y, acto seguido, el Banco Central volvió a intervenir para recomponer reservas, acumulando alrededor de USD 900 millones en las primeras semanas de enero. Esa maniobra demuestra que la estabilidad es frágil y depende tanto del ajuste fiscal como del acceso a financiamiento de corto plazo. No es un respaldo robusto de la actividad productiva.
¿Y los impuestos? El Gobierno que llegó prometiendo menor presión fiscal dejó un marco contradictorio: recortes draconianos en gasto público mientras la carga tributaria efectiva sobre hogares y pymes no amaina. El ajuste sobre el gasto deja a la economía real sin capacidades de inversión y sin estímulos; la respuesta —si existe— se traslada a mayor recurrencia al crédito por parte de los consumidores y a una mayor exposición de las provincias a renegociaciones y litigios por transferencias no ejecutadas. El IAG muestra que las ventas en supermercados y el comercio minorista caen en dos dígitos y que el consumo sobrevivió en 2025, en buena medida, por financiamiento con tarjetas. Esa dinámica es insostenible y evidencia que el supuestamente virtuoso superávit no mejora el bolsillo ciudadano.
El recorte de obra pública y la priorización de concesiones y proyectos que serán luego transferidos al sector privado profundizan la fractura: se pierde capacidad productiva, se cierran cadenas de valor y se reducen fuentes de empleo local. La decisión de recortar inversión no es neutra; tiene efectos estructurales que tardarán años en revertirse y encarecerán de forma exponencial la reconstrucción futura —tal como advierten los propios técnicos que estudian el costo de la postergación.
En suma: el superávit que el Gobierno proclama no es un triunfo de la gestión económica sino el producto de un ajuste cuya factura la pagan provincias, trabajadores y la propia capacidad productiva del país. Presentar esa cifra como un logro despolitiza una elección: priorizar la ortodoxia fiscal sobre la inversión y la cohesión federal. Mientras tanto, la economía real sigue estancada, la recaudación no alcanza a recomponer lo perdido y la fragilidad financiera persiste detrás de operaciones de corto plazo.
Si la prioridad real fuera la prosperidad sostenible, las autoridades tendrían que cambiar la letra chica del balance: reconstruir el flujo de transferencias federales, reactivar la inversión pública estratégica y rediseñar la presión tributaria para que no recaiga desproporcionadamente sobre los más vulnerables. Exhibir un superávit no puede convertirse en el pretexto para abandonar la función esencial del Estado: garantizar infraestructura, servicios y equidad territorial. Sin ese giro, el “superávit” será apenas una cifra electoralista que oculta —y profundiza— la desfinanciación del país.
