Editorial: Todos los fuegos, el fuego
Por Eduardo J. Bidegaray (*)
La Patagonia ardió una vez más y con ella se revela con crudeza la política deliberada de desfinanciación que el Gobierno de Milei ha llevado adelante bajo la consigna de “ajuste a cualquier costo”. No se trata de negligencia fortuita: es una decisión política calculada que sacrifica la prevención, la gestión y la respuesta ante emergencias en nombre de un culto a la reducción del gasto. Mientras brigadistas y voluntarios arriesgan sus vidas con equipos insuficientes, la cúpula del Estado celebra porcentajes contables y maquilla cifras.
Los programas de manejo del fuego, la compra de equipamiento, la formación de brigadas y la inversión en detección fueron sistemáticamente recortados en los últimos años. Esa desidia no es un accidente administrativo; responde a una lógica de prioridades que busca “sacar plata de donde sea”, incluso de la protección de vidas y bienes. El debilitamiento de políticas preventivas convierte cada verano en una cuenta regresiva: menos prevención, incendios más extensos y comunidades más desprotegidas.
La perversidad del cálculo se agrava cuando la reducción del déficit fiscal se presenta como triunfo. Es un logro numérico construido sobre recortes y endeudamiento. Se maquilla la contabilidad pública, se transfieren costos al futuro y a las provincias, y se erige como éxito lo que es mera elusión: menos gasto hoy, más fragilidad mañana. Mientras tanto, el Estado exhibe ahorros contables y la sociedad paga con bosques consumidos, viviendas perdidas y economías locales devastadas.
Ante la emergencia, el Gobierno eligió la mentira y la estigmatización. Señalar a comunidades mapuches como responsables de los incendios, cuando las pericias hallan indicios de intencionalidad y acelerantes en zonas aisladas, no solo es irresponsable: es criminal. Es usar un drama humano para profundizar una guerra política que distrae de la ausencia de políticas públicas efectivas. La Justicia, al desarmar hipótesis infundadas, dejó al desnudo la maniobra: la propaganda oficial no apaga incendios.
Los verdaderos héroes son los brigadistas, bomberos voluntarios y pobladores que combaten las llamas sin recursos adecuados. Su esfuerzo no puede suplir la voluntad política. No puede sostenerse un régimen que celebra cifras macroeconómicas y simultáneamente reduce a la impotencia a quienes deben proteger el territorio. Priorizar balances sobre vidas es una elección de país: transferir riesgos y cargar todos los costos al conjunto social.
La respuesta estatal debería implicar inversión real en prevención, formación continua, compra de material y vehículos, fortalecimiento institucional, planes de evacuación y fondos para la recuperación ecológica. En lugar de eso, se impone el ajuste como dogma y la propaganda como remedio. Ese combo es letal.
No estamos ante un error técnico; estamos frente a una estrategia coherente pero nefasta: recortar lo que protege y justificarlo con relatos que criminalizan a quienes reclaman. A corto plazo, el saldo es visible: incendios más frecuentes y devastadores. A mediano plazo, la pérdida de biodiversidad, la desertificación y la ruptura de economías regionales. A largo plazo, la degradación irreversible del patrimonio natural.
La Patagonia en llamas debe ser una alarma democrática. Exige a la sociedad civil, a los sindicatos, a las provincias y a organismos independientes una reacción firme para restituir recursos, exigir transparencia y reconstruir políticas públicas que prioricen vidas sobre balances contables. Si no se actúa, la inercia de la desidia se tornará en catástrofe permanente. Será un país más pobre, más desigual y más expuesto al desastre, que algunos calculan como costo asumible. No lo es. Es una cuenta larga y dolorosa. Exijamos responsabilidad: que se devuelvan recursos, que se investiguen maniobras contables y que la política priorice la vida.
