Criptogate: Milei le mintió al Congreso y a la ciudadanía
Un acuerdo de asesoramiento firmado entre el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis el 29 de enero de 2025 —15 días antes del lanzamiento del token $LIBRA— volvió a agitar la investigación parlamentaria y dejó al Gobierno bajo fuertes críticas por presunta ocultación de información, sostuvo el diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora del caso.
La existencia del contrato fue revelada por una investigación del diario Clarín, que difundió el texto completo del acuerdo y reconstruyó el entramado previo a la promoción de $LIBRA. Para Ferraro, el documento “confirma que el mandatario mintió y ocultó información clave” y “deja a la Justicia sin excusas para no avanzar”.
Un asesoramiento que legitimó la promoción
Según el legislador, el contrato entre Milei y Davis jugó un papel central para legitimar al asesor y garantizar ante terceros la participación presidencial en la promoción del token. “Si alguien es tu asesor y actúa a tu nombre, no se puede alegar desconocimiento”, afirmó Ferraro, para quien $LIBRA “no fue un hecho casual ni aislado, sino el resultado de una relación previa, directa y formal que el Presidente negó durante todo 2025”.
El acuerdo, que en su redacción aludía a asesoramiento en temas tecnológicos y cripto, fue calificado por Ferraro como una “pantalla”: sostuvo que “el verdadero objetivo era el lanzamiento de $LIBRA dos semanas después”. Además, mencionó que el contrato incluía tareas operativas y logísticas vinculadas con el lanzamiento —algunas de las cuales se realizaron en una reunión en un hotel de Dallas— en la que también participaron Mauricio Novelli y Terrones Godoy, este último con antecedentes de vínculos con Milei en otros proyectos.
Obstrucción y ausencia de controles
El titular de la Comisión Investigadora vinculó la aparición del documento con la resistencia del Ejecutivo al control parlamentario: enumeró la negativa de Milei, Karina Milei y varios ministros a declarar, y denunció el ocultamiento de informes de la Unidad de Transparencia e Información (UTI) y de la Oficina Anticorrupción. Además cuestionó la “ausencia total de controles institucionales”: describió el acuerdo como un “mamarracho contractual, hiperdesprolijo” y aseguró que no intervinieron organismos técnicos ni la Secretaría Legal y Técnica, lo que calificó como “irresponsabilidad total” frente a la investidura presidencial.
Ferraro también vinculó el contrato con la mecánica del colapso del token: recordó que, tras el derrumbe de $LIBRA, Milei borró el tuit con el que había difundido la moneda y alegó desconocer los pormenores del proyecto, señalamiento que, en su opinión, contradice el texto contractual. Los técnicos de la Comisión detectaron compras masivas segundos antes del tuit presidencial; para Ferraro, la existencia del acuerdo explica esa información privilegiada porque “la participación de Milei estaba asegurada desde antes y el contrato respaldó el armado del esquema que terminó en el rug pull”.
Frente a esos hallazgos, Ferraro reclamó que el fiscal Eduardo Taiano “avance de inmediato” con medidas clave: búsqueda de documentación, secuestro de pruebas y reactivación del expediente tras la feria judicial. También remarcó que la investigación ratifica las conclusiones del Informe Final de la Comisión: que el Presidente mintió al Congreso y a la sociedad, firmó acuerdos confidenciales con estafadores nacionales e internacionales y actuó sin evaluar la responsabilidad institucional de su cargo.
La denuncia parlamentaria contó además con el respaldo público de la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, quien en la red social X escribió: “Javier Milei hace de la mentira una doctrina y la Justicia, más tarde o más temprano, tendrá que completar la historia oculta de la estafa y saber quiénes son los beneficiarios de las ganancias”.
La publicación del contrato reaviva la presión sobre el Ejecutivo y suma elementos a la causa judicial y al trabajo parlamentario. Si el fiscal avanza con las medidas solicitadas por Ferraro, el próximo paso será el secuestro de documentación y la posible citación de testigos vinculados con la organización del lanzamiento de $LIBRA. La Comisión Investigadora, por su parte, mantiene abierto el expediente a la espera de que la Justicia y los organismos pertinentes aporten pruebas que confirmen —o descarten— las imputaciones formuladas.
