Crece el conflicto en el Garrahan ante 70 rescisiones en la guardia
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan denunció la rescisión de 70 contratos de empleo público temporario que cubrían guardias en el centro pediátrico de referencia nacional, y señaló con dureza al presidente Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, como responsables políticos de la medida. La denuncia fue formalizada por el gremio en comunicaciones públicas y redes sociales.
Según la APyT, los contratos afectados corresponden a médicos, kinesiólogos, bioquímicos y otros profesionales que cumplen funciones esenciales en la guardia; muchos habían prestado servicios bajo modalidades temporales durante 10 o 15 años. La secretaria general del sindicato, Norma Lezana, afirmó que la notificación fue retroactiva: se informó el 26 de enero que los contratos habían sido rescindidos el 31 de diciembre y que lo trabajado en enero debía firmarse bajo un “contrato de ubicación de servicio”, lo que —denuncian— cambia las condiciones laborales de modo unilateral.
El reclamo se enmarca en un clima de tensión mayor dentro del hospital: la APyT señaló además la existencia de 44 sumarios disciplinarios abiertos contra trabajadores y el cierre del jardín maternal durante enero y febrero, medidas que el gremio interpreta como parte de una política de ajuste y disciplinamiento laboral. Los sindicatos y agrupaciones internas describen el conjunto de decisiones como una estrategia que precariza equipos y servicios esenciales.
Convocatoria y agenda de protesta
Para visibilizar el reclamo, la APyT convocó a un Cabildo Abierto el miércoles 4 de febrero, a las 16, en el Hospital Garrahan. La concentración tendrá carácter unitario y se realiza en paralelo a movilizaciones que ese día y días cercanos se desarrollarán en las inmediaciones del Congreso, donde se espera que el Senado trate la reforma laboral y otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. Fuentes sindicales y organizaciones sociales anunciaron que el 10 de febrero habrá además movilizaciones focalizadas en el Parlamento.
Estado legal y financiamiento de la emergenica pediátrica
El conflicto coincide con la discusión sobre la puesta en marcha de la ley de emergencia pediátrica (conocida como Ley Garrahan, Ley 27.796) y la ley de financiamiento universitario, dos normas que el Ejecutivo promulgó pero cuya aplicación fue postergada hasta que el Congreso defina fuentes de financiamiento e incluya partidas en el Presupuesto 2026. Desde el sector sanitario advierten que la falta de fondos dificulta la implementación de medidas para recomponer planteles y garantizar el funcionamiento pleno de servicios de alta complejidad.
Las dirigencias sindicales del hospital anunciaron asambleas y guardias de protesta para las próximas jornadas y ratificaron la demanda de recontratación del personal afectado, la derogación de sumarios disciplinarios y la efectiva implementación de la emergencia pediátrica con financiamiento. Desde el ámbito oficial aún no se difundió una versión pública que explique las razones administrativas de las rescisiones contractuales más allá de comunicados institucionales sobre reordenamientos; los gremios, en cambio, insisten en que se trata de una política de ajuste.
