Las infancias: proteger sus derechos para tener presente y futuro

La Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad y el Consejo Social de la UNLP manifestamos nuestra profunda preocupación frente la propuesta de reforma del Régimen Penal Juvenil.

Consideramos importante la discusión social y parlamentaria sobre la reforma del sistema vigente creado por la última dictadura, pero entendemos que un proyecto que se centra en el aumento de medidas privativas de la libertad de niñas, niños y adolescentes (NNyA) y la baja en la edad de punibilidad, no aborda la problemática en toda su dimensión, y mucho menos respeta lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, violando los principios de no regresividad y de progresividad establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los tratados internacionales plantean limitar la aplicación de medidas de encierro a situaciones excepcionales y por el menor tiempo posible, y se centran en fortalecer intervenciones reparatorias desde el Estado y las comunidades que resguarden la integridad de las infancias y adolescencias.

Tal como han expresado organismos públicos, de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas y tal como han demostrado investigaciones especializadas, por un lado, la cantidad de los delitos cometidos por menores de 16 años es ínfima, y por otro, las penas privativas de libertad no aportan soluciones, sino que agravan las condiciones de las infancias y adolescencias que les llevaron a delinquir en primer lugar.

La situación actual de las instituciones de encierro de NNAyJ resulta alarmante, teniendo al castigo como principal herramienta de intervención, y limitando o directamente impidiendo el acceso a derechos como la educación, salud integral, vinculación familiar y social. A esto se suman condiciones deficitarias en relación a la infraestructura edilicia y de servicios, así como falta de personal formado. Asimismo, de acuerdo a los organismos, se registran situaciones gravísimas de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia.¹

Informes de UNICEF y diversas Universidades han mostrado cómo, a lo largo de los últimos años, millones de niños, niñas y adolescentes cuyas familias se encuentran en situación de pobreza, tienen vulnerados sus derechos en relación con el acceso a alimentos, a la escolaridad y a otros aspectos fundamentales. En ese marco, insistir en la mirada punitivista como forma de responder a las problemáticas de vulnerabilidad que las atraviesan no resuelve la cuestión de fondo, por el contrario, la agudiza.

En virtud de estas consideraciones como universidad pública, que aloja y construye con su comunidad, nos manifestamos contra los proyectos orientados solamente a bajar la edad de punibilidad y a aumentar las penas, pues lejos de resolver problemas, profundizan estigmas e incrementan la violencia estatal y social hacia las niñeces y juventudes. Por el contrario, reafirmamos la necesidad de respetar la normativa internacional y nacional y de promover y garantizar políticas públicas que les brinden condiciones para el acceso efectivo a sus derechos.

Resulta urgente fortalecer el rol social del Estado, en contraposición a un Estado penal, y trabajar en pos de consolidar un tejido comunitario que aloje a nuestros niños, niñas y adolescentes desde el respeto, el cuidado y el amor, construyendo un presente y un horizonte de mayor justicia social e igualdad.

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