Era Milei: Argentina cayó en el ranking de transparencia
Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, un punto menos que en la medición anterior. Ese descenso provocó que el país retrocediera cinco posiciones en el ranking global, pasando del puesto 99 al 104 entre 182 países y territorios evaluados.
El resultado consolida una tendencia negativa que se acentúa desde 2019 y reafirma la percepción de dificultades para controlar prácticas corruptas en el sector público. En la comparación regional, Argentina quedó por debajo del promedio de América y se ubicó 19° entre 33 naciones; en la clasificación continental sobresalen Canadá (75 puntos) y Uruguay, que pese a una leve caída sigue posicionándose por encima de la Argentina.
Desde Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, relacionaron el deterioro con la ausencia de iniciativas gubernamentales concretas para prevenir y sancionar la corrupción. Pablo Secchi, director ejecutivo, señaló que la baja no es casual y la vinculó a “la ausencia total de interés por parte del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción”, remarcando la falta de avances en los últimos dos años. El presidente de la organización, Martín D’Alessandro, agregó que el desarrollo económico sostenido requiere “políticas consistentes en el tiempo y mecanismos de control efectivos”.
El informe y la lectura local apuntan además a causas judiciales que han tensionado la percepción internacional. Entre los episodios citados figura el procesamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por presuntos delitos que incluyen cohecho y fraude al Estado en una causa instruida por el juez federal Sebastián Casanello. Los procesamientos y embargos relacionados con esa investigación han sido destacados por la prensa como factores que afectan la percepción pública y externa.
Paralelamente, la causa conocida como $LIBRA —investigación sobre el lanzamiento y movimientos de la criptomoneda que estuvo vinculada públicamente a actores próximos al poder y el propio Javier Milei— sigue sumando medidas de prueba y manteniendo la atención de organismos de control y de comisiones legislativas. La exposición de ese expediente figura entre los elementos que, en la agenda pública y en los análisis internacionales, complican la imagen de transparencia del país.
Cómo mide el IPC y por qué importa
El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a 182 países según la percepción de corrupción en el sector público, utilizando 13 fuentes externas —entre ellas organismos internacionales y consultoras— y una escala que va de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente). En la edición 2025, el promedio global cayó a 42 puntos, la cifra más baja en más de una década, lo que indica un deterioro generalizado en la gobernanza y en los controles antiabuso. Dinamarca, Finlandia y Singapur encabezan nuevamente la lista.
Las consecuencias prácticas del retroceso son palpables: analistas e inversores internacionales interpretan las señales institucionales como un factor de riesgo que puede encarecer el crédito, reducir inversiones y limitar alianzas estratégicas. Para organizaciones de la sociedad civil, el diagnóstico exige no sólo discursos sino medidas concretas: fortalecimiento de controles, independencia judicial efectiva, transparencia en licitaciones y políticas públicas sostenidas en el tiempo.
En síntesis, la caída de Argentina en el IPC 2025 combina factores estructurales —una tendencia negativa de años— con episodios recientes de alto impacto mediático y judicial. El desafío es transformar la alerta en agenda pública efectiva: sin señales claras de respuesta institucional, el país corre el riesgo de que la percepción internacional siga penalizando su posición en índices que condicionan decisiones económicas y diplomáticas.
