Siete meses seguidos cayendo el empleo registrado

El empleo asalariado registrado volvió a mostrar señales de deterioro en noviembre, según los últimos datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En la antesala del debate por la reforma laboral en el Senado, el informe de la secretaría de Trabajo confirmó que el mercado laboral atraviesa su séptimo mes consecutivo de caída y presentó niveles que no se observaban desde junio de 2022.

El SIPA registró la pérdida neta de 23.400 puestos asalariados en noviembre. La mayor parte del ajuste se concentró en el sector privado, que eliminó 13.100 empleos; el sector público también aportó a la contracción con una reducción de 13.000 trabajadores. El único rubro que exhibió un leve crecimiento fue el empleo en casas particulares, con 2.700 incorporaciones. Con estos números, el total de asalariados contabilizados por el sistema se ubicó en 10.011.000.

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el SIPA contabiliza una pérdida acumulada de 294.400 puestos de trabajo asalariados. El ajuste se distribuye en todos los segmentos del empleo formal: 192.300 empleos privados menos; 79.600 en el sector público; y 22.400 trabajadores menos en casas particulares, según el desglose oficial.

La destrucción de empleo tuvo un fuerte sesgo sectorial: la construcción y la industria manufacturera concentraron la mayor parte de las bajas, con una pérdida combinada de 126.400 puestos. Aunque la caída en la construcción mostró una desaceleración en los meses recientes, la industria continúa acumulando descensos, especialmente en ramas como textil, confecciones, cuero y calzado, metalmecánica e industria automotriz. En particular, el sector textil alcanzó en noviembre de 2025 su nivel de empleo más bajo desde el inicio de la serie histórica en 2009, un dato que subraya la profundidad del ajuste en el entramado productivo.

Tendencia temporal y dinámica reciente
El SIPA sitúa el inicio de la consolidación de la destrucción neta de empleo en septiembre de 2023, con una aceleración durante el primer trimestre de 2024. Tras una breve estabilización, la serie volvió a tornarse negativa en la segunda mitad de 2025. Entre junio y noviembre del último año, el empleo asalariado privado acumuló una pérdida de 88.000 puestos, impulsada por desvinculaciones en empresas medianas y grandes de la industria y el comercio.

Como contracara de la caída del empleo formal, el informe volvió a registrar expansión del trabajo independiente. En noviembre, la caída de 17.000 asalariados privados fue parcialmente compensada por el aumento del monotributo (6.800 nuevos aportantes) y por un leve incremento del trabajo autónomo y en casas particulares. En los últimos dos años, monotributistas y autónomos acumulan un incremento de 137.400 personas.

Especialistas interpretan ese desplazamiento como un proceso de mayor precarización laboral: si bien el aumento de monotributistas reduce algunas presiones estadísticas sobre el desempleo, no reemplaza la estabilidad ni los derechos asociados al empleo registrado.

Impacto económico y político
El dato cobra relevancia política en la coyuntura: llega en pleno debate por la reforma laboral abierto en el Senado, y añade presión sobre el diseño y la comunicación de las medidas previstas para el mercado de trabajo. Para analistas, la persistencia de la caída del empleo formal acelera el cuestionamiento sobre la efectividad de las políticas económicas y la capacidad de impulsar una recuperación productiva que genere puestos de calidad.

En términos prácticos, la pérdida sostenida de empleos asalariados puede agravar la demanda interna y profundizar cuellos de botella en sectores que dependen del mercado interno. Además, la concentración de las bajas en ramas industriales estratégicas preocupa por el efecto multiplicador y por la posible pérdida de capacidades productivas.

El informe del SIPA muestra un mercado laboral en contracción sostenida: siete meses de caída consecutiva, niveles mínimos desde mediados de 2022 en empleo formal y una reconfiguración del empleo hacia modalidades más precarias. Entre los desafíos abiertos están la reversión de la pérdida de puestos industriales, la generación de empleos formales de calidad y la definición de políticas públicas que protejan la inversión productiva y la estabilidad laboral, justo en el momento en que el Parlamento debate cambios que pueden impactar de lleno en estas dinámicas.