Los recortes presupuestarios son para frenar el desarrollo
El informe del Centro de Economía Política Argentina revela un fuerte retroceso del gasto público: la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) a enero muestra una caída real del 22% respecto del mismo mes de 2023, una contracción que, según el análisis, golpea con especial dureza a salud, ciencia, educación y desarrollo productivo.
Los recortes alcanzan a organismos clave para la soberanía científica y tecnológica: el Instituto Malbrán y la ANMAT presentan caídas significativas en su ejecución, y programas de investigación registran desplomes de gran magnitud, afectando la continuidad de proyectos estratégicos.
En el ámbito científico, el informe detecta retrocesos generalizados: reducciones severas en programas de promoción de la investigación, en la CONICET y en organismos como la Servicio Meteorológico Nacional, lo que, advierten especialistas citados por el informe, compromete capacidades técnicas y proyectos en curso.
También sufrieron ajustes áreas vinculadas al desarrollo productivo y la energía: secretarías e institutos técnicos registraron caídas de ejecución que, en algunos casos, superan el 30–40%, con impacto directo en programas de innovación y en la regulación industrial.
A contracorriente de esos recortes, la ejecución de la secretaría de Inteligencia del Estado aumentó notablemente —según CEPA, alrededor del 69%— mientras que el servicio de la deuda continúa ocupando una porción importante del gasto total (aprox. 8%). El informe interpreta estos movimientos como un sesgo distributivo del ajuste presupuestario.
El documento del centro de estudios alerta además sobre el efecto social: organismos de seguridad social y programas de primera infancia y economía social presentan ejecuciones muy por debajo de lo necesario para sostener políticas públicas básicas, con caídas que ponen en riesgo la continuidad de comedores, ayudas y transferencias.
Para analistas y actores del sector científico, la combinación de fuertes recortes y la caída sostenida del gasto erosiona la capacidad del Estado para disputar ámbitos estratégicos frente a actores privados y extranjeros, limitando la posibilidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo con mayor autonomía tecnológica y productiva.
