¿Cuál será el destino del predio de Fate en San Fernando?
El grupo Madanes, que la semana pasada cerró la planta de Fate en San Fernando y dejó sin empleo a cerca de 920 trabajadores, ganó una licitación para proveer energía a las distribuidoras del Gran Buenos Aires en los momentos de mayor demanda. La adjudicación, a cargo de la secretaría de Energía, permitirá que la compañía del grupo instale baterías de litio en el predio industrial que dejó de operar la fábrica de neumáticos.
La adjudicataria del contrato es Aluar, firma vinculada al mismo conglomerado empresario. El proyecto contempla instalar una planta de almacenamiento —con baterías de origen chino en los reportes— que funcionará como respaldo para Edenor y Edesur en picos de consumo. La licitación forma parte de los llamados esquemas para garantizar suministro en horas críticas y la concesión se extiende hasta 2036; fuentes periodísticas consignan una inversión aproximada de 20 millones de dólares y un canon anual cercano a 4,5 millones, lo que proyecta retornos superiores al capital inicial en la próxima década.
El uso del predio de Fate por parte de Aluar confirma una reorientación del espacio productivo: terrenos industriales que albergaban cadenas de valor tradicionales son reasignados a actividades vinculadas a servicios energéticos y almacenamiento. Según registros locales, parte del terreno ya habría sido comprado o cedido para ese fin, lo que facilitó la puesta en marcha de la iniciativa.
El caso se inscribe en una disputa más amplia sobre la salud del entramado industrial argentino. En semanas recientes, la siderúrgica Techint perdió una licitación clave para proveer tubos para un gasoducto de Vaca Muerta frente a oferentes extranjeros, un episodio que puso en evidencia la dificultad de empresas locales para competir con precios de importación y ofertas internacionales. Ese tipo de resultados alimenta el debate sobre si estamos ante la crisis o la reconversión de los grupos locales: ¿pierden capacidad productiva o se reinventan en nichos rentables?
Para sectores y sindicatos, la lectura es distinta a la del balance contable: aunque un negocio como el de almacenamiento energético pueda generar ganancias para el grupo —y así reafirmar su solvencia financiera—, no compensa la pérdida de control sobre ramas productivas que antes se desarrollaban localmente. Esa tensión entre lucro y carácter estratégico de la producción es la que subyace en las críticas al proceso: la reasignación de actividades industriales hacia eslabones más financieros o de servicios implica, según analistas críticos, una pérdida de soberanía productiva y empleos de calidad que no se recuperan fácilmente.
En el plano político, la operación alimenta la narrativa de concentración económica: según voces que analizan la política comercial y de apertura de importaciones, la competencia internacional y la concentración de mercados empujan a los grupos locales a cambiar su núcleo de negocio -de producir a operar activos que complementan redes controladas por grandes jugadores-. Para quienes defienden la industrialización dirigida desde el trabajo y la regulación estatal, una posición con arraigo histórico en el debate económico argentino, la solución pasa por políticas activas que sostengan la producción nacional y condicionen la capacidad de los monopolios de encauzar la economía hacia actividades de baja densidad laboral y mayor dependencia tecnológica externa.
El cierre de Fate y la simultánea adjudicación a Aluar son, así, dos caras de una misma transformación: el relevo del empleo industrial por modelos de negocio que monetizan infraestructura y servicios asociados al sistema energético. El desafío inmediato para trabajadores, sindicatos y formuladores de política será entonces plantear alternativas que no sólo mitiguen el impacto social del cierre —recolocación, reconversión productiva, programas industriales—, sino que también discutan el marco regulatorio y comercial que determina por qué plantas centenarias hoy resultan no competitivas frente a importaciones y por qué se priorizan inversiones en activos que no garantizan la producción local de bienes.
