El Gobierno solventaría despidos desfinanciando a la ANSES
El proyecto de reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei incorporó un punto central que abrió un fuerte debate político y económico: la creación del llamado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo para modificar el financiamiento de las indemnizaciones por despido. Según un informe del Instituto Instituto Argentina Grande, la iniciativa implicaría un costo fiscal estimado en 2.600 millones de dólares anuales —equivalentes al 0,37% del PBI— como consecuencia de reducciones en las aportaciones patronales que hoy nutren al sistema previsional.
Cómo funcionaría el FAL
La propuesta establece que las empresas destinarían un porcentaje de la remuneración de cada trabajador a una cuenta individual: 2,5% para las pymes y 1% para las grandes compañías. Ese ahorro acumulado durante la relación laboral serviría para cubrir indemnizaciones al momento de la desvinculación y, según el oficialismo, permitiría distribuir en el tiempo el costo del despido y obtener rendimiento mediante inversión del fondo. No obstante, la reforma contempla una reducción compensatoria de cargas patronales, un elemento que, según críticos y el propio cálculo del IAG, neutraliza el aporte empresarial y traslada el impacto al sector previsional.
El efecto sobre la Anses
De acuerdo con los cálculos del informe —que toman como base datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo—, la reducción de las contribuciones patronales implicaría para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) una merma de ingresos cercana a los 2.600 millones de dólares por año. Ese recorte representaría, en la estimación del IAG, el 0,37% del Producto y constituye, en términos relativos, un golpe significativo a la caja previsional en un contexto en el que el Gobierno ha planteado avances posteriores sobre la reforma jubilatoria.
El mismo informe compara el impacto fiscal estimado del FAL con partidas contempladas en el Presupuesto 2026: para “ciencia, tecnología e innovación” el proyecto destina 1.107 millones de dólares (0,16% del PBI), menos de la mitad del monto que se dejaría de percibir en la Anses por la reducción de aportes; al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan se le asignan 162 millones de dólares (0,023% del PBI). Estos empalmes ponen en foco la elección de prioridades fiscales y alimentan la discusión pública sobre distribución del gasto.
Contexto económico y político
La discusión sobre el FAL ocurre en un escenario de señales de debilidad en la actividad: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC mostró caídas hacia fines de 2025, lo que, según analistas, condiciona la capacidad de crecimiento de la recaudación y agrava la sensibilidad sobre recortes en los recursos previsionales. En este marco, opositores advierten que la norma puede abrir una doble vía de transferencia de costos hacia los jubilados y beneficiarios del sistema, mientras que el oficialismo insiste en que la reforma incentivará la formalización del empleo y reducirá litigios laborales.
Qué está en juego en el Senado
El oficialismo busca ahora la sanción definitiva en el Senado. La discusión parlamentariza no sólo una reforma laboral —con cambios en jornada, horas extras y regulación del derecho a huelga— sino también un nuevo esquema de financiación que tocaría directamente las cuentas públicas y la sustentabilidad del sistema previsional. Para los defensores del FAL, el instrumento moderniza y previsibiliza las indemnizaciones; para sus críticos, constituye un mecanismo de desfinanciamiento de la Anses que prioriza el alivio financiero empresarial por sobre la protección social.
El debate legislativo continuará con el telón de fondo de la economía y con actores clave —sindicatos, cámaras empresarias, economistas y organismos científicos— que ya advierten sobre las consecuencias de corto y largo plazo. En la encrucijada está, además, la decisión política sobre hacia dónde reorientar recursos en un presupuesto acotado: ¿invertir en ciencia y salud o volcar esos bienes fiscales a mitigar costos de despidos? La respuesta la dará, en las próximas sesiones, el Senado.
