La CGT presentó un recurso por inconstitucionalidad de la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo presentó un recurso para declarar la ley de reforma laboral inconstitucional. Basándose en que toda ley debe ser progresiva y no se puede retroceder en derechos adquiridos y que la reforma desconoce la desigualdad estructural entre patrones y trabajadores.
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó ante los Tribunales un recurso para impugnar la ley de reforma laboral que aprobó el Congreso y, en paralelo, movilizó a miles de afiliados a Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, bajo la consigna “Defender el trabajo también es defender la Constitución”. La acción combina la vía judicial —con presentaciones en el fuero laboral y lo contencioso administrativo— y la protesta pública como estrategia para intentar frenar la aplicación de la norma.
El planteo cegetista sostiene que la reforma vulnera principios constitucionales y convencionales básicos del derecho laboral: en particular, el principio de progresividad —según el cual los derechos laborales reconocidos solo pueden ser mejorados y no recortados— y el principio protector, que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador y exige normas que protejan al más débil. En su comunicado la central sostuvo que la norma es regresiva y retrocede conquistas históricas.
Entre los artículos impugnados, la CGT puso el foco en el artículo 98 —que amplía el catálogo de actividades consideradas “esenciales” y fija la obligación de garantizar entre el 50% y el 75% de servicios durante una huelga—; en el artículo 133, que limita el derecho a realizar asambleas en ámbitos y horarios laborales; y en los artículos 134, 141, 142 y 143, que tipifican como “infracciones” o “prácticas desleales” determinadas formas de protesta y habilitan acciones judiciales por su presunta comisión. El asesor legal de la central, Pablo Topet, definió el alcance del artículo 98 como “prácticamente la prohibición de las huelgas”.
Desde el palco y en las redes la conducción cegetista sostuvo que la movilización forma parte de “nuestra estrategia gremial: defender derechos constitucionales” y advirtió que la reforma no solo limita derechos colectivos sino que llega en un contexto económico adverso: según la central, la mayoría de ramas productivas presentaron saldo negativo de empleo en los últimos dos años. En ese marco la CGT reclamó que la discusión política no se reduzca a “modernización” sino que contemple cómo las leyes afectan el empleo, los salarios y la productividad nacional.
En declaraciones radiales, el cosecretario general Cristian Jerónimo advirtió que “no estamos dispuestos a resignarnos ni a rendirnos” frente a un Gobierno que —dijo— prioriza la especulación financiera y profundiza la exclusión económica. Jerónimo afirmó que la reforma apunta a “una economía que excluye” y que, si se consolida, acelerará la pérdida de puestos de trabajo formales y la desarticulación de la matriz productiva. También insistió en la necesidad de construir una alternativa política y social que devuelva previsibilidad y empleo al país.
La presentación judicial y la movilización se inscriben en un cuadro de conflicto social que, según la CGT, ya se expresó en huelgas y otras medidas de fuerza durante el tratamiento parlamentario. La central busca ahora que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la norma o disponga medidas cautelares que suspendan su vigencia mientras se resuelven los planteos de fondo; por su parte, el Gobierno nacional sostiene que la reforma es necesaria para “modernizar” el mercado laboral y fomentar empleo formal, posición que la central y amplios sectores sindicales rechazan.
La disputa judicial se abre ahora en paralelo al conflicto político y social: la CGT advierte que, si la ley se aplica, se verán afectadas herramientas de la protesta colectiva y la propia capacidad de negociación sindical; sectores empresariales y el Ejecutivo, en tanto, insisten en que las modificaciones impulsarán inversiones y flexibilidad laboral. El resultado de las presentaciones en Tribunales marcará si la pelea se trasladará de manera definitiva al Poder Judicial o si la presión social y política reorienta la discusión en el Congreso y la arena pública.
Foto: Tiempo Argentino – Eduardo Sarapura
