A medio siglo de la noche más oscura que vivió el país

A 50 años del golpe de 1976, la Argentina vuelve sobre el horror de la dictadura y reafirma la defensa de la democracia. El secuestro del Estado, el terrorismo de Estado y la desaparición forzada dejaron una herida abierta. Recordarlo es sostener verdad, justicia y Nunca Más, y reconocer el coraje de Alfonsín al juzgar a los responsables con valentía y absoluta firmeza.

A medio siglo del golpe del 24 de marzo de 1976, la Argentina vuelve a mirar de frente uno de los abismos de su historia. No es un aniversario más ni un rito conmemorativo. Se recuerda el horror: la interrupción violenta del orden constitucional, el secuestro del Estado por las Fuerzas Armadas, la desaparición forzada como método, la tortura sistemática, el robo de bebés y la demolición deliberada de la vida democrática. Evocar esta fecha obliga a defender el principio que el golpe quiso destruir: que el poder solo es legítimo cuando nace del voto, se somete a la ley y puede ser reemplazado por la ciudadanía.

El aniversario llega, además, en un clima político inquietante. En el país ganan espacio discursos que relativizan consensos básicos, cuestionan conquistas elementales de la democracia y reabren viejas discusiones como si la verdad histórica fuera apenas una opinión. No es la primera vez que se disputa esa memoria, pero sí la primera que la impugnación emerge desde el propio Estado. Esa novedad es grave: el aparato estatal, que antes ejecutó el terror, pone en duda memoria, verdad y justicia.

Conviene recordar, sin eufemismos, qué fue la dictadura iniciada en 1976. No fue una respuesta institucional al desorden, ni un simple cambio de mando, ni una fatalidad de época. Fue la decisión de imponer por la fuerza un proyecto de refundación social, económica y política. Sus jefes no se limitaron a suprimir libertades: aspiraron a disciplinar a toda la sociedad mediante el miedo. Para eso se valieron de una represión clandestina, planificada y de escala inédita, alimentada por doctrinas contrainsurgentes que veían en el “enemigo interno” una figura a extirpar. La persecución no distinguió solo entre militantes armados y no armados; avanzó sobre estudiantes, obreros, delegados sindicales, intelectuales, profesionales, curas comprometidos, familiares y artistas.

La violencia estatal encontró un terreno atravesado por crisis política, polarización y deterioro económico. Pero nada de eso justifica el golpe ni atenúa su res-ponsabilidad. La Argentina ya conocía la injerencia militar en la vida pública, aunque en 1976 esa tradición regresó despojada de todo límite: no para arbitrar una transición, sino para clausurarla; no para restaurar el orden, sino para producir un nuevo orden basado en la devastación. Donde debía haber instituciones hubo cuarteles; donde debía haber justicia hubo clandestinidad; donde debía haber debate hubo censura; donde debía haber ciudadanía hubo sometimiento.

Por eso es un error mirar la dictadura solo como una maquinaria represiva. También fue un intento de construir legitimidad. Se presentó ante una sociedad golpeada por la crisis como la salida frente al caos, la violencia y la parálisis. Buscó fabricar consentimiento sobre la base del terror, el silencio y la despolitización forzada. Algunos sectores civiles poderosos colaboraron con ese objetivo; otros optaron por la resignación; muchos callaron. Pero ningún respaldo inicial, explícito o tácito, puede borrar la naturaleza criminal del régimen. Bastaba con no resistir, con no denunciar, con no preguntar demasiado. El terror hacía el resto.

La respuesta democrática tuvo un punto de inflexión decisivo con Raúl Alfonsín. Su gobierno entendió que no podía haber república auténtica si el Estado democrático no se animaba a investigar y juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. Esa fue una decisión valiente, excepcional y fundacional. La CONADEP reunió pruebas, testimonios y nombres; el informe Nunca Más convirtió el espanto en verdad pública; el Juicio a las Juntas de 1985 colocó en el banquillo a los máximos responsables de la dictadura y los condenó por crímenes de lesa humanidad. En ese gesto hubo una lección histórica: la democracia argentina no debía limitarse a reemplazar un gobierno por otro, sino demostrar que ningún crimen estatal quedaría impune.

Alfonsín también asumió que la democracia necesitaba memoria para no quedar rehén de la repetición. Su gobierno impulsó una idea esencial: la legitimidad no se construye ocultando el pasado, sino enfrentándolo. Hubo en aquella etapa una mirada que merece ser recuperada en toda su densidad: el Estado debía juzgar tanto la violencia terrorista como la violencia estatal, pero sin borrar la diferencia abismal entre una y otra. No existía equivalencia posible entre la acción de grupos armados y el aparato represivo de una dictadura que secuestró, torturó, hizo desaparecer y exterminó desde el poder. El terrorismo de Estado fue, como dejó claro el Nunca Más, infinitamente peor.

Esa conquista democrática fue luego tensionada por distintos gobiernos. Hubo momentos de avance y de retroceso; etapas de justicia y etapas de clausura; ciclos de ampliación de derechos y períodos de reconciliación forzada o de relativización de los crímenes. Pero ningún vaivén borra la raíz principal del consenso democrático argentino: la condena sin atenuantes al golpe, a la dictadura y a sus delitos de lesa humanidad.

Si algo enseña este aniversario es que ese consenso nunca fue automático ni indestructible. Se sostuvo por la lucha de organismos de derechos humanos, sobrevivientes, familiares, militantes, docentes, periodistas, jueces y ciudadanos que entendieron que sin verdad no hay justicia, y sin justicia la democracia queda mutilada.

A 50 años del 24 de marzo, el deber político no es discutir si la dictadura fue o no fue un horror. Lo fue, y su balance está escrito en las ausencias, en los centros clandestinos, en los cuerpos arrojados al vacío, en los niños apropiados y en generaciones enteras marcadas por el trauma. El deber es defender la democracia contra quienes la vacían desde adentro o la desprecian desde el poder, recordar que la libertad solo existe cuando hay derechos efectivos, y sostener que la memoria no es solo una reliquia militante sino una condición de futuro.

La mejor forma de honrar esta fecha es reafirmar, con la mayor firmeza, que nunca más un golpe, nunca más el terror, nunca más un Estado criminal por encima de la ley. Esa es la brújula democrática mínima.