En el AMBA los servicios aumentaron un 667% en la gestión Milei

La Canasta de Servicios Públicos elaborada por la UBA y el Conicet volvió a poner en evidencia el deterioro que enfrentan los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el relevamiento, en abril una familia tipo necesitó $212.694 para afrontar el pago de luz, agua, gas y transporte, en un contexto de fuerte reducción de subsidios y de traslado de costos a los usuarios residenciales.

El informe muestra que el impacto de la política tarifaria impulsada por el gobierno de Javier Milei se siente con mayor intensidad en el AMBA, donde el peso de los aumentos fue más fuerte que en el resto del país. Desde diciembre de 2023, cuando la actual administración llegó al poder, la canasta de servicios públicos registró un incremento promedio del 667%, muy por encima de la inflación acumulada del período, que fue del 213% o del 293% si se toma en cuenta diciembre de 2023.

La suba de los principales rubros explica la magnitud del ajuste sobre los ingresos de las familias trabajadoras. En ese lapso, el agua aumentó 418%, la luz 276%, el gas 1048% y el transporte 1236%. El estudio atribuye parte central de esta escalada a la eliminación de subsidios dispuesta por el Ejecutivo, que modificó de manera directa la estructura de costos que afrontan los usuarios.

En el AMBA, de acuerdo con el relevamiento, los hogares terminan pagando en promedio el 61% del valor real de los servicios, mientras que el Estado cubre apenas el 29% restante. En transporte, el costo técnico sin subsidio llegaría a $1.927 por boleto, una cifra que dimensiona la distancia entre la tarifa abonada por el usuario y el valor pleno del servicio.

Para marzo, el gasto promedio de un hogar del AMBA fue de $38.337 en luz para usuarios N1 sin subsidio, $34.569 en gas bajo la misma categoría, otros $34.569 en agua —ya sin subsidios para ningún usuario— y $107.187 en transporte. La combinación de esos aumentos terminó de consolidar una presión inédita sobre los presupuestos familiares, en especial sobre los sectores asalariados y populares.

En paralelo, el gobierno avanzó con otra reducción en la asistencia al consumo de gas envasado. La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía anunció una baja del beneficio sobre la garrafa social, que quedará limitado a unidades de 10 kilos y cubrirá cerca de un tercio de su valor. El reintegro será de $9.593, frente a un precio de mercado que puede llegar hasta los $30.000.

El nuevo esquema, retroactivo al 1º de abril, reemplaza al Programa Hogar y redefine el acceso a los subsidios para el gas envasado. Los usuarios que se inscriban en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados recibirán la ayuda mediante devolución en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables. Entre abril y septiembre, el beneficio cubrirá el equivalente a dos garrafas por mes; durante el resto del año, alcanzará a una sola unidad.

Las condiciones de acceso también fueron endurecidas. Los hogares deberán acreditar ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, es decir, alrededor de $3.900.000 mensuales. El esquema contempla excepciones para personas con Certificado Único de Discapacidad, pensiones para veteranos de guerra y hogares con certificado de vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares.

Desde el Foro Multisectorial contra el Tarifazo, Andrea Manzi advirtió que alrededor de 4 millones de familias utilizan garrafas durante todo el año, mientras que en los meses de mayor demanda el consumo trepa a 10,7 millones de unidades. También señaló que la mayor concentración de usuarios se registra en la provincia de Buenos Aires, aunque la dependencia del gas envasado es fuerte en provincias del noreste y el litoral, como Chaco, Santa Fe, Misiones y Corrientes.

La combinación entre el tarifazo y la reducción de subsidios profundiza una tendencia que golpea de lleno sobre el poder adquisitivo. En un escenario de caída del ingreso real, el gasto en servicios esenciales absorbe una porción creciente del salario y expone una lógica de ajuste que recae sobre las familias trabajadoras, mientras se preservan los márgenes de rentabilidad de los grandes grupos económicos.