Reabren el programa «Volver al Trabajo»
A través de una resolución firmada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el Ministerio de Capital Humano dio marcha atrás con el cierre del programa Volver al Trabajo y garantizó la continuidad del pago mensual de 78 mil pesos a más de 900 mil trabajadores informales. La decisión se adoptó luego de que el Juzgado Federal de Campana hiciera lugar la semana pasada a una medida cautelar que ordenó sostener la asistencia hasta que exista una sentencia definitiva.
El cumplimiento de esa resolución judicial se materializó mediante una disposición de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que aprobó la liquidación de los fondos correspondientes al mes de abril por un monto superior a los 72 mil millones de pesos. De este modo, el Gobierno quedó obligado a mantener por ahora un programa que había intentado reemplazar por un esquema de vouchers.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) atribuyeron el resultado a la movilización realizada el 31 de marzo y el 7 de abril, con ollas populares y cortes de ruta en distintos puntos del país. “Gracias a la lucha en la calle de la UTEP y los movimientos populares en unidad en todo el país logramos la cautelar que obligó a Capital Humano a seguir pagando el programa Volver al Trabajo a los trabajadores más humildes de la Patria”, señalaron desde la organización.
En la misma línea, remarcaron que la resolución oficial confirma el pago del beneficio a más de 900 mil trabajadores y llamaron a sostener la protesta. “Los derechos se conquistan y se defienden en la calle”, expresaron. Para la UTEP, el intento de reemplazo por vouchers no ofrecía una salida real al problema del empleo sino una transferencia de recursos hacia empresas y organizaciones privadas encargadas de dictar capacitaciones.
Cuando la ministra Sandra Pettovello anunció el fin del programa, sostuvo que sería sustituido por un sistema de formación con promesa de inserción laboral. Sin embargo, desde los movimientos populares advirtieron que ese esquema trasladaría fondos públicos hacia grandes empresas, sin garantizar puestos de trabajo ni mejorar la situación de los sectores más postergados.
La continuidad del programa vuelve a exponer la disputa en torno a la política social y laboral del Gobierno, en un contexto de fuerte deterioro económico y caída del ingreso popular. Para las organizaciones de la economía popular, la decisión judicial y su posterior cumplimiento constituyen una victoria parcial en defensa de un ingreso mínimo para cientos de miles de familias que dependen de esa asistencia para sostener su subsistencia cotidiana.
