Piden juicio político al ministro de Salud Lugones por la crisis en Discapacidad
La tensión política en el Congreso sumó un nuevo capítulo con la presentación de un pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, en medio de crecientes críticas por la situación del área de Discapacidad. La iniciativa fue impulsada por diputados de la oposición durante una reunión abierta realizada en la Cámara baja, convocada por el legislador Juan Marino, que reunió a más de 150 personas entre parlamentarios, organizaciones sociales y familias afectadas.
El encuentro se desarrolló en un clima de fuerte malestar por el impacto de las medidas del Gobierno de Javier Milei sobre tratamientos, pensiones y prestaciones vinculadas al sector. Durante la jornada se expusieron numerosos testimonios sobre el deterioro de la atención, con denuncias por cierres de centros de día, interrupciones de terapias, falta de medicamentos y obstáculos para acceder a pensiones.
“La situación es grave”, sostuvo Marino, quien además advirtió que “la emergencia en discapacidad se profundiza día tras día”. El diputado también cuestionó que la comisión específica de Discapacidad en la Cámara de Diputados no esté funcionando, motivo por el cual se convocó a esta reunión ampliada para visibilizar el problema y articular una respuesta política.
Entre los casos expuestos estuvo el de la familia de Ian Moche, un niño con trastorno del espectro autista. Su madre denunció amenazas y agresiones contra su vivienda, presuntamente ocurridas tras una polémica en redes sociales que involucró a la diputada Lilia Lemoine. El episodio volvió a poner en evidencia el nivel de conflictividad que atraviesa el debate público en torno a la discapacidad y las políticas oficiales.
Uno de los focos de mayor preocupación es la reforma del régimen de pensiones por invalidez impulsada por el Ejecutivo. El esquema prevé un reempadronamiento obligatorio de los beneficiarios en un plazo de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga. Quienes no completen el trámite podrían sufrir la suspensión del pago hasta regularizar su situación. Además, el proyecto endurece los requisitos al establecer que la invalidez debe ser total y permanente, e incorporar la incompatibilidad con cualquier empleo formal.
Desde el Gobierno sostienen que la medida responde al crecimiento del sistema en las últimas dos décadas y a la detección de irregularidades. Sin embargo, desde la oposición y las organizaciones del sector advierten que el objetivo real es reducir el universo de beneficiarios, con un fuerte impacto sobre el acceso a derechos.
También generó alarma la eventual liberalización de los precios de las prestaciones en discapacidad. Durante la reunión se señaló que esa medida podría traducirse en una reducción de coberturas y en mayores dificultades para sostener servicios esenciales, en un contexto de ajuste económico que ya golpea con fuerza a familias y prestadores.
El pedido de juicio político contra Lugones reunió apoyos de distintos sectores políticos y sociales. Participaron, entre otros, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Valdés, Nicolás del Caño y Esteban Paulón, además de la actriz Lola Berthet y representantes de numerosas organizaciones vinculadas al área.
En paralelo, surgió la propuesta de crear un Observatorio Nacional de la Discapacidad, con el objetivo de relevar y sistematizar información sobre la situación en todo el país. La iniciativa busca darle seguimiento al cuadro de crisis y aportar herramientas para el diseño de políticas públicas frente a un conflicto que, lejos de resolverse, sigue escalando en el Congreso y en las calles.
