Motosierra contra la educación y la salud
El gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo y fuerte recorte presupuestario sobre áreas sensibles de educación, salud e infraestructura mediante la Decisión Administrativa 20/2026. La medida, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, implicó una reducción de más de $78.000 millones en programas educativos y también la suspensión de transferencias para obras en universidades nacionales.
Dentro del área de Educación, uno de los ajustes más significativos recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una poda de $35.288 millones. Se trata de una de las políticas centrales orientadas a fortalecer los procesos de enseñanza en las provincias y a acompañar trayectorias escolares en distintos niveles del sistema.
El recorte, además, impactó de lleno en las transferencias directas a las jurisdicciones provinciales. Según la planilla anexa del presupuesto nacional, el Ejecutivo eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, con una reducción de $8.929 millones. Ese fondo buscaba equilibrar los salarios mínimos de los docentes provinciales en todo el país, por lo que su supresión abre interrogantes sobre el impacto en los haberes del sector.
La infraestructura escolar y el equipamiento educativo también quedaron alcanzados por el ajuste, con una reducción total de $21.686 millones. A esto se sumó una baja superior a los $6.649 millones en el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, que incluyó además una caída de más de $559 millones en becas estudiantiles.
Otro de los organismos perjudicados fue EDUC.AR S.A., que perdió transferencias por un total consolidado de $48.000 millones, en una señal que profundiza la preocupación por la continuidad de iniciativas vinculadas a contenidos, conectividad y herramientas tecnológicas para el sistema educativo.
Las universidades nacionales tampoco quedaron al margen de la poda. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso una reducción de $5.303 millones en transferencias de capital destinadas a infraestructura universitaria. El ajuste afectó obras en trece universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata, con una merma de $1.043 millones, y las universidades de General San Martín y Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones.
La lista también incluye a la Universidad Nacional de Río Cuarto, con una reducción de $680,5 millones, y a la Universidad Nacional de Entre Ríos, que perdió $540 millones en partidas para infraestructura. El recorte vuelve a encender alarmas en el sistema universitario, en un contexto de fuerte tensión presupuestaria y paralización de obras en distintos puntos del país.
El ajuste no se limitó a educación. La modificación presupuestaria también alcanzó a salud, obra pública, energía y desarrollo social. Entre las bajas más abultadas aparece una reducción de $359.496 millones en el programa de uso racional y eficiente de la energía del Ministerio de Economía y otra de $320.670 millones en el Programa Federal de Infraestructura Deportiva.
La Dirección Nacional de Vialidad sufrió, a su vez, una reducción de $97.103 millones para obras de rehabilitación y repavimentación vial. En materia sanitaria, el presupuesto eliminó $63.021 millones destinados a programas de investigación, prevención y tratamiento del cáncer.
También hubo recortes en integración social y fortalecimiento de ciudadanía, con una baja de $55.465 millones, y en integración socio urbana, donde se retiraron otros $39.441 millones. El alcance del ajuste muestra una política fiscal de fuerte contracción sobre áreas que afectan de manera directa a la población más vulnerable.
En paralelo a estas reducciones, la modificación presupuestaria contempló incrementos para la Administración Nacional de la Seguridad Social y para el Poder Judicial. ANSES recibió una adecuación total de $648.500 millones, con fondos destinados al pago de deudas previsionales y retroactivos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Además, se incorporaron recursos para financiar el denominado “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca”, orientado a cubrir desvinculaciones acordadas de trabajadores del organismo. En tanto, el Poder Judicial obtuvo un refuerzo de $65.500 millones para gastos corrientes y de capital, junto con un incremento de más de $156.000 millones en aplicaciones financieras destinadas al funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
La reacción de universidades, gremios docentes y sectores vinculados a la educación no tardó en hacerse sentir. Desde hace meses advierten por el deterioro del presupuesto, la paralización de obras y las crecientes dificultades para sostener programas educativos y de investigación en todo el país. La nueva decisión administrativa vuelve a profundizar ese cuadro de preocupación.
