La CGT contra la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó un contundente rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que busca modificar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales, eliminando las restricciones que actualmente limitan la adquisición de superficies por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. A través de un duro pronunciamiento, la central sindical reclamó a los integrantes del Senado que no acompañen la iniciativa y sostuvo que su aprobación implicaría una cesión de recursos estratégicos y una pérdida de soberanía.
El documento, difundido bajo el título «La tierra no es una mercancía: es soberanía, trabajo y futuro para los argentinos y las argentinas», cuestiona la intención oficial de suprimir el límite que establece que solamente un porcentaje determinado del territorio nacional puede quedar en manos extranjeras. Para la CGT, avanzar en ese sentido favorecería la concentración de activos estratégicos por parte de grandes grupos económicos internacionales interesados en recursos naturales esenciales.
Desde la organización gremial sostuvieron que el proyecto representa una amenaza para el control nacional sobre bienes considerados fundamentales, entre ellos las tierras productivas, las reservas minerales, las fuentes de energía y los recursos hídricos. En ese sentido, advirtieron que esas riquezas constituyen un patrimonio colectivo y que no deberían quedar sujetas exclusivamente a las reglas del mercado.
El comunicado también cuestiona el rumbo económico del Gobierno al considerar que la iniciativa abre la puerta a un proceso de extranjerización del territorio argentino. Según la central obrera, la propuesta desconoce el esfuerzo realizado durante décadas para consolidar la integridad territorial del país y preservar recursos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
En otro de los pasajes del texto, la CGT afirmó que ningún compromiso de inversión ni promesa de crecimiento económico puede justificar la pérdida del control sobre bienes naturales como ríos, lagos, glaciares y tierras aptas para la producción agropecuaria. A juicio de la entidad, esos recursos pertenecen al conjunto de la sociedad y constituyen un elemento esencial para garantizar el desarrollo de las futuras generaciones.
La organización sindical amplió además sus cuestionamientos hacia otras decisiones adoptadas por el Gobierno nacional. En particular, expresó preocupación por la concesión por tres décadas de la Vía Navegable Troncal a una empresa de origen belga, entendiendo que esa medida también compromete la capacidad del Estado para administrar infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior y la economía argentina.
En ese marco, la CGT advirtió sobre el creciente poder que ejercen grandes corporaciones tecnológicas y financieras a nivel mundial, señalando que muchas de ellas concentran una capacidad económica superior a la de numerosos Estados, aunque sin estar sometidas a mecanismos democráticos de control. Para la central, ese escenario obliga a reforzar la defensa de los intereses nacionales y evitar la transferencia de activos estratégicos a actores privados internacionales.
El pronunciamiento también vincula la discusión sobre la propiedad de la tierra con el modelo de desarrollo económico. Desde la conducción cegetista sostuvieron que la soberanía constituye una condición indispensable para impulsar políticas de producción, generación de empleo e industrialización, al considerar que sin el control de los recursos naturales resulta imposible construir una estrategia de crecimiento con distribución equitativa de la riqueza.
Finalmente, la central obrera renovó su llamado a los senadores para que rechacen el proyecto durante su tratamiento parlamentario y ratificó su postura en defensa del patrimonio nacional. Como cierre del comunicado, la CGT resumió su posición con una consigna que sintetiza el sentido de su planteo: la defensa de la soberanía constituye también una defensa del trabajo y del futuro del país, al sostener que el territorio y sus recursos estratégicos no pueden convertirse en simples bienes sujetos a operaciones comerciales.
