Más de 400.000 empleos destruidos en la era Milei

Los datos oficiales de empleo registrado volvieron a mostrar una caída en mayo y acumulan tres meses consecutivos de retroceso. Desde noviembre de 2023, más de 30.000 empresas cerraron y se perdieron 411.600 puestos de trabajo registrados. En las últimas semanas, los conflictos de Granja Tres Arroyos, Mirgor y Unilever sumaron más de 600 despidos.

El mercado laboral argentino volvió a achicarse en mayo y profundizó una tendencia que ya lleva varios meses. Según los datos de empleo registrado correspondientes a ese mes, se perdieron alrededor de 9.000 puestos de trabajo, una caída del 0,1% respecto de abril. Se trata del tercer retroceso mensual consecutivo y de una nueva señal de deterioro del empleo formal en un contexto de fuerte transformación de la estructura productiva.

Si se toma como punto de partida noviembre de 2023, antes del inicio del gobierno de Javier Milei, la pérdida acumulada llega a 411.600 puestos de trabajo registrados. Al mismo tiempo, más de 30.000 empresas dejaron de funcionar, de acuerdo con los datos citados en el informe.

La dimensión del retroceso permite traducir las estadísticas a una cifra cotidiana: desde el comienzo de la actual gestión se habrían perdido, en promedio, unos 450 puestos de trabajo formales por día.

El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa exclusivamente el empleo registrado privado. En ese segmento, la caída se mantiene desde hace 12 meses consecutivos, lo que evidencia que la contracción no responde solamente a movimientos puntuales de un determinado sector, sino que se extiende sobre una parte significativa del entramado productivo.

Tres conflictos industriales que exponen el proceso

La pérdida de puestos de trabajo tuvo en las últimas semanas una expresión concreta en tres empresas de fuerte presencia industrial: Granja Tres Arroyos, Mirgor y Unilever. Entre las tres compañías se anunciaron más de 600 desvinculaciones, en plantas ubicadas en distintas provincias y pertenecientes a actividades diferentes.

En Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas avícolas del país, fueron despedidos 255 trabajadores de una plantilla de 700 empleados en su establecimiento de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La planta había dejado de producir en mayo y la compañía atribuyó la situación a una combinación de factores que incluye la disminución de las exportaciones, la sobreoferta en el mercado interno y el incremento de los costos.

El conflicto puso en evidencia las dificultades que atraviesa una actividad vinculada tanto al mercado interno como a las ventas externas. La reducción de la producción impactó directamente sobre el empleo de la planta entrerriana.

En Tierra del Fuego, el grupo Mirgor comunicó la desvinculación de 300 trabajadores de su planta de Río Grande. La medida generó una inmediata reacción de las autoridades provinciales, que dictaron una conciliación obligatoria por 15 días.

La intervención abrió una instancia de negociación entre las partes y suspendió temporalmente las desvinculaciones, con el objetivo de buscar alternativas que permitan preservar los puestos de trabajo. El caso vuelve a poner bajo la lupa la situación de la industria fueguina, cuya actividad depende en buena medida de los regímenes de promoción y de las condiciones que establece la política económica nacional.

El tercer caso corresponde a Unilever, que decidió cerrar su histórica planta de Corralitos, en el departamento mendocino de Guaymallén. En ese establecimiento se producían vegetales deshidratados destinados a la elaboración de productos de la marca Knorr.

El cierre significó la pérdida de 60 puestos de trabajo y puso fin a décadas de actividad industrial en la planta mendocina.

Un modelo productivo en discusión

Para los sectores sindicales y organizaciones que cuestionan la política económica del Gobierno, estos episodios no constituyen hechos aislados. Son interpretados como parte de un proceso de desindustrialización y primarización de la economía, caracterizado por el retroceso de determinadas actividades manufactureras y una mayor orientación hacia la explotación de recursos naturales y la producción primaria.

Desde esta perspectiva, el modelo económico impulsado por la administración de Milei favorecería una estructura productiva concentrada en sectores como la minería, el litio, el gas, el petróleo y las actividades agropecuarias, mientras la industria manufacturera enfrenta mayores dificultades para sostener niveles de producción y empleo.

La discusión involucra también el papel de los grandes grupos económicos y de las empresas multinacionales radicadas en el país. Para las organizaciones críticas del Gobierno, la apertura comercial, la reducción de la protección industrial y el deterioro del mercado interno generan condiciones que favorecen la concentración económica y dificultan la supervivencia de pequeñas y medianas empresas.

La contracara aparece en las cifras laborales. Una economía puede mantener determinados indicadores de actividad o mostrar crecimiento en sectores específicos y, al mismo tiempo, destruir puestos de trabajo en ramas industriales que requieren una demanda interna sólida.

Menos empresas, menos empleo y mayor concentración

La desaparición de más de 30.000 empresas desde noviembre de 2023 constituye otro de los datos centrales del escenario laboral. El cierre o la reducción de establecimientos productivos no implica solamente la pérdida inmediata de puestos de trabajo: también afecta proveedores, comercios, transportistas y otros actores que dependen de la actividad industrial.

En ese sentido, el impacto sobre el empleo puede multiplicarse a través de las cadenas de valor. Cuando una fábrica reduce su producción, la consecuencia puede extenderse mucho más allá de su propia plantilla.

El retroceso del empleo registrado también plantea interrogantes sobre la calidad de los nuevos puestos que puedan generarse. Frente a la reducción del trabajo formal, crecen las estrategias de supervivencia vinculadas con el cuentapropismo, la informalidad y el pluriempleo.

La discusión sobre el empleo, entonces, excede el número de despidos registrados en una determinada empresa. El interrogante de fondo es qué tipo de estructura productiva tendrá la Argentina en los próximos años y qué lugar ocupará la industria nacional dentro de ella.

Los 411.600 puestos formales perdidos desde noviembre de 2023 constituyen, en ese marco, uno de los principales indicadores del cambio que atraviesa el mercado laboral. Con tres meses consecutivos de caída del empleo registrado y nuevos conflictos industriales que ponen en riesgo cientos de puestos, el debate sobre la orientación del modelo económico vuelve a quedar asociado a una pregunta concreta: qué sectores crecerán y, sobre todo, cuántos trabajadores podrán acceder a empleos formales dentro de esa nueva estructura productiva.