Las provincias mantienen el acceso al aborto frente al retiro de Nación
En el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, Amnistía Internacional advierte que el retiro del Estado nacional de políticas esenciales para garantizar el acceso al aborto está trasladando cada vez más responsabilidades a las provincias, sin recursos ni una transición que asegure un piso común de derechos en todo el país. Aunque muchas jurisdicciones están destinando recursos propios y buscando sostener las prestaciones, sus capacidades son desiguales. En 2025, Amnistía Internacional recibió más de 400 consultas y denuncias por barreras para acceder a un aborto y accionó judicialmente contra San Isidro.
Desde 2024, el Estado nacional dejó de comprar y distribuir los medicamentos para la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) que adquiría y enviaba a las provincias. Hasta entonces, la compra centralizada no sólo aseguraba las medicaciones: permitía reducir costos, planificar la provisión, coordinar la respuesta sanitaria y contribuir a garantizar un piso mínimo de acceso en todo el territorio.
Frente a ese retiro, muchas provincias están sosteniendo con recursos propios prestaciones que anteriormente contaban con apoyo nacional. Amnistía Internacional ha observado que, ante las consultas y denuncias que recibe, numerosos programas provinciales intervienen para resolver obstáculos, procuran asegurar medicamentos y articulan con los efectores de salud para garantizar las prácticas.
San Isidro: los límites de administrar en las sombras contra el derecho al aborto
A las desigualdades producidas por el retiro de políticas nacionales pueden sumarse obstáculos creados por los propios gobiernos locales. El caso de San Isidro muestra cómo un derecho puede ser restringido sin necesidad de modificar la Ley 27.610.
En la provincia de Buenos Aires, donde existe una política sanitaria provincial destinada a garantizar el acceso al aborto en todo el territorio, el municipio de San Isidro implementó un circuito irregular que a bajo la apariencia de organizar el funcionamiento del sistema de salud, incorporaba requisitos adicionales a los establecidos por la legislación nacional para obstruir el acceso al aborto.
Entre otras medidas, establecía una consulta psicológica previa obligatoria, multiplicaba las instancias para ratificar una decisión ya expresada, introducía mecanismos que podían afectar la confidencialidad, restringía el acceso a la interrupción legal del embarazo por causal salud y alteraba el cómputo del plazo de diez días previsto por la ley. Además, concentraba la prestación en el Hospital Materno Infantil y dejaba fuera del circuito a los Centros de Atención Primaria de la Salud.
Ninguna de esas disposiciones prohibía expresamente el aborto. Pero todas juntas podían producir el mismo efecto: demorar, dificultar y desalentar el acceso a un derecho reconocido por ley.
Ante esta situación, Amnistía Internacional promovió una acción judicial. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro hizo lugar a la medida cautelar, ordenó suspender el protocolo irregular y exigió al Municipio garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo sin demoras ni condicionamientos incompatibles con la Ley 27.610.
En este contexto, debido a la falta de acreditación por parte del Municipio del cumplimiento de la medida cautelar, Amnistía Internacional presentó el 16 de septiembre un pedido de ejecución de la medida. Ahora, el Municipio deberá probar judicialmente que está cumpliendo con lo ordenado y que garantiza el acceso al aborto en los hospitales y centros de salud.
“El caso de San Isidro demuestra que hoy los derechos también pueden ser erosionados mediante decisiones administrativas aparentemente neutras. No hace falta derogar una ley: multiplicar consultas, imponer requisitos que la ley no contempla, concentrar innecesariamente las prestaciones o generar demoras puede transformar un derecho reconocido en un recorrido plagado de obstáculos. La organización de los servicios de salud nunca puede utilizarse para restringir aquello que el Congreso reconoció por ley”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
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El impacto de este retiro no es igual en todo el territorio. Las provincias tienen capacidades fiscales, administrativas y de compra diferentes y, además, proporciones muy distintas de población que depende exclusivamente del sistema público. Mientras en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero más del 50% de la población cuenta únicamente con cobertura del sistema público, en la Ciudad de Buenos Aires esa proporción es del 16,3%.
“Las provincias están haciendo un enorme esfuerzo por sostener el acceso al aborto frente al retiro del Estado nacional. Pero no se puede reemplazar una política federal con veinticuatro respuestas diferentes. El Estado nacional conserva una responsabilidad fundamental de rectoría, coordinación y garantía de un piso mínimo de derechos en todo el territorio. Cuando abandona esas funciones, las desigualdades entre provincias terminan convirtiéndose en desigualdades en el ejercicio de derechos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Menos medicamentos, más desigualdad
Durante 2025, se incrementaron los obstáculos en el acceso al aborto por faltante de insumos.
Algunas provincias intentaron compensar la discontinuidad de la provisión nacional mediante compras realizadas con recursos propios. Sin embargo, distintas jurisdicciones reconocen que no tienen capacidad suficiente para garantizar de manera regular una provisión equivalente a la que anteriormente realizaba el Estado nacional.
Amnistía Internacional recibió consultas de mujeres que, ante la falta de medicación disponible en el sistema público, fueron informadas de que debían adquirirla por sus propios medios. Con precios que pueden alcanzar los 300.000, algunas relataron que evaluaron pedir dinero prestado y otras se endeudaron para acceder a una práctica que el sistema de salud debe garantizar gratuitamente. Para quienes no pueden afrontar esos costos, la falta de medicamentos disponibles en el sistema de salud se traduce en mayores riesgos para su salud y su vida, al aumentar la exposición a prácticas inseguras.
En este contexto, Amnistía Internacional registró durante 2025 un aumento significativo en la cantidad de consultas y denuncias por obstáculos en el acceso al aborto recibidos a través de su formulario online, superando en más de un 300% los casos recibidos en el año anterior. Más del 65% de quienes se comunicaron con la organización no sabían cómo ni dónde acceder a una interrupción legal del embarazo.
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Niñas y adolescentes: menos información y menos redes de protección
Durante 2025, cerca de 70 adolescentes de entre 14 y 19 años se comunicaron con Amnistía Internacional por obstáculos para acceder a un aborto, lo que representó alrededor del 17% de los casos recibidos por la organización.
La principal dificultad fue la falta de información: la gran mayoría no sabía cómo ni dónde acceder a la práctica. Entre las niñas de menor edad aparecen, además, situaciones de especial vulnerabilidad, atravesadas por el miedo, la soledad y la falta de redes de apoyo. En algunos casos, los embarazos ocurren en contextos de violencia o abuso intrafamiliar.
Este escenario coincide con el debilitamiento de la Educación Sexual Integral y de políticas públicas que buscaban precisamente acercar información, asesoramiento y servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), que contribuyó a reducir a menos de la mitad la tasa de fecundidad adolescente.
“La responsabilidad estatal no empieza cuando una niña llega sola a un hospital embarazada. También implica asegurar previamente educación sexual, información, anticoncepción, servicios accesibles y redes capaces de detectar situaciones de violencia. Desarmar esas políticas aumenta las posibilidades de que las niñas lleguen más tarde y más solas al sistema de salud”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
