22 de noviembre: Día Nacional de la Gratuidad Universitaria

El 22 de noviembre se celebra en Argentina la gratuidad universitaria, hecho que cambió para siempre el destino de la educación superior en la Argentina. Hoy, a 75 años de aquel hito, el desafío es defenderla como un derecho humano irrenunciable.

A través del Decreto Presidencial N° 29337, y tras un largo proceso, el 22 de noviembre de 1949 se logró la tan ansiada democratización en el acceso a la educación superior en la Argentina. Este gran paso, que significó la gratuidad de los estudios universitarios, fue una conquista que demandó años de lucha.

La Reforma Universitaria de 1918 se caracterizó por el anhelo de innovación y un espíritu democratizador que siguió por varias generaciones. En ese entonces ya se cuestionaba el carácter exclusivo de la educación superior, a la cual sólo tenían acceso las clases acomodadas. La demanda por la gratuidad universitaria es una demanda que empieza a plantearse ya desde la Reforma del 18, aunque recién se obtiene en 1949, durante el gobierno peronista y un modelo de Estado diferente.

Alcance y contexto de la ley

Para entender la gratuidad universitaria hay que ponerla en contexto. El hecho sucedió durante un gobierno que buscó la distribución de recursos a nivel nacional. Se logró, por un lado, la masificación de la escuela secundaria y se ponen las bases para que realmente en las décadas siguientes, sobre todo en la década del 60, la universidad comience a masificarse.

El decreto firmado por el presidente Perón, en sus considerandos decía: “Que el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen; que por ello debe ser primordial preocupación del Estado disponer de todos los medios a su alcance para cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias, las artes y la técnica en todas sus manifestaciones”.

Como el alcance de la ley fue nacional y no un decreto o un reglamento interno de la universidad, se logró más legitimidad de la medida. 

Un golpe al elitismo universitario

A partir del establecimiento oficial en el país de la gratuidad, la matrícula universitaria aumentó exponencialmente. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, en 1945, la matrícula era de 47.400 estudiantes; en 1950 de 80.445; en 1955 de 138.317, y así fue subiendo notoriamente hasta el año 1975 que ya contaba con una matrícula de 487.389 estudiantes, número que disminuyó drásticamente, tras el golpe de Estado del 76.

Claramente, uno de los grandes cambios que la gratuidad trajo a la universidad fue permitir o facilitar el acceso a ciertos grupos que antes no podían hacerlo, logrando avanzar hacia el proceso de democratización universitaria. Desde entonces, la educación universitaria argentina permitió que cientos de miles de personas se convirtieran en primera generación de sus familias en obtener un título universitario.

Este año, ante las medidas de un gobierno que insiste en desfinanciar a las universidades, un tema que ya estaba saldado, salió nuevamente a la luz. En la declaración de la Federación Universitaria Argentina (FUA), leída en la segunda marcha federal universitaria que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país, se puso de manifiesto la situación de emergencia de todo el sistema universitario nacional: “Lo que meses atrás era una profunda preocupación por el ajuste presupuestario para toda la comunidad estudiantil hoy es una emergencia que pone en riesgo la esencia misma de la educación pública argentina. Una realidad cada vez más dicil en la que el acceso irrestricto está amenazado por la crisis económica y social que se profundiza con cada medida y afecta, particularmente, a estudiantes de todo el país. El acceso y la permanencia para hijos e hijas de familias trabajadoras se convierten en una realidad cada vez más lejana”.

Educación universitaria como un derecho

En la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe, realizada en 2008 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, y que se lleva a cabo cada diez años, se estableció que: “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región”.

La declaración fue de vital importancia para la educación en la región y sobre todo, de la educación universitaria. Se buscó pensar políticas que apuntaran al horizonte de una educación superior para todos y todas, teniendo como objetivo el logro de una mayor cobertura social, con calidad, equidad y compromiso de los pueblos.

En la actualidad, en el Siglo XXI, y en un contexto impensado años atrás en Argentina, pensar la gratuidad universitaria es pensar el derecho a la educación superior. Así se manifestó también en la declaración de la FUA, en la marcha del pasado 3 de octubre: “Soñamos un país en el que el futuro no esté condicionado por el lugar en el que a cada quien le tocó nacer. La educación es el derecho humano que se alza contra el azar injusto de la desigualdad. Con la misma fuerza y claridad que lo dijimos en abril, estudiantes de todo el sistema universitario reiteramos: no queremos que nos arrebaten nuestros sueños, nuestro futuro no les pertenece. Hijos e hijas orgullosos de la universidad argentina; custodios de la universidad pública, gratuita, de excelencia y sin restricciones que legaron generaciones de argentinas y argentinos, la comunidad estudiantil defenderá la universidad en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación y el país que la sociedad toda anhela”.