A Pato Bullrich también la habría financiado el narcotráfico
Dos presentaciones judiciales y un hilo de transferencias financieras vuelven a poner en el ojo de la tormenta a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Lejos de quedar en rumores, las imputaciones que saltaron a los medios esta semana la acercan —al menos en términos de investigación periodística y judicial— a la causa que en Estados Unidos tiene como protagonista a Federico “Fred” Machado, un empresario ligado a una extensa operatoria aérea que la justicia norteamericana investiga por narcotráfico y lavado. Lo que en otros tiempos podía verse como coincidencias políticas empieza a leerse ahora, para varios sectores, como una trama donde los aportes, las transferencias y las redes empresarias confluyen en un mismo mapa.
La denuncia que encendió la alarma pública surgió de la pesquisa del periodista Tomás Méndez en el programa TLN Denuncia (Canal 9), que señaló movimientos de dinero entre los dueños de Lácteos Vidal —aportantes a la campaña presidencial de Bullrich en 2023, cuando competía en la alianza Juntos por el Cambio— y la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a las maniobras que hoy se investigan en la causa estadounidense que tiene como uno de sus ejes a Machado. Según las mismas fuentes, a partir de esa cadena de operaciones salieron los 200.000 dólares que, siempre según registros judiciales en Estados Unidos, fueron recibidos por el economista José Luis Espert en enero de 2020.
Las implicancias laborales y societarias también entran en la trama. Un grupo de trabajadores despedidos de Lácteos Vidal, que fue protagonista de un conflicto gremial en 2022, presentó una denuncia en la que no sólo reclama el cumplimiento de reintegros dispuestos por la justicia laboral —con medidas cautelares confirmadas por la Cámara del Trabajo que la empresa habría incumplido—, sino que además pide que se investiguen posibles vínculos de la firma con “operaciones de narcotráfico internacional” y “triangulación de fondos ilícitos”. Según esas presentaciones, la empresa habría realizado escisiones societarias cuyo objetivo sería, presumen los denunciantes, desviar recursos hacia sociedades afines para cubrir obligaciones y evitar el pago de créditos laborales. La Justicia laboral ya había impuesto sanciones y ordenado reincorporaciones que, según registros periodísticos, no se cumplieron.
En Comodoro Py ya existen presentaciones que exigen transparencia: se pide que se investiguen los aportes efectuados por Lácteos Vidal a la campaña de Bullrich y que se informe públicamente qué otras contribuciones hicieron las personas y empresas vinculadas a esa firma a las distintas alianzas electorales —Juntos por el Cambio en 2023 y, por extensión, a las fuerzas políticas con las que Bullrich se asoció—. Las presentaciones no se limitan a la cuantía de los aportes; advierten además sobre la influencia que la empresa habría tenido en impulsar “legislaciones regresivas” en materia laboral y sobre la cercanía de ciertos dirigentes con el llamado “Movimiento Anti Bloqueos”, cuyos voceros —afirman— habrían sido promocionados públicamente por referentes como la propia Bullrich.
El motor que conecta los hilos internacionales es la causa que se tramita en la Justicia de Texas, donde aparecen registros bancarios —entre ellos movimientos vinculados al Bank of America— que mencionan operaciones por montos que van desde los 20.000 hasta los 400.000 dólares a nombre de personas asociadas a Lácteos Vidal. Los expedientes norteamericanos, además, sitúan a la compañía Wright Brothers y a personas del mismo circuito empresarial en el centro de una operatoria mayor que incluyó compras y alquileres de aviones y transferencias por más de 3 millones de dólares en dos años. En los Estados Unidos esa red ya fue objeto de acusaciones y procesos que terminaron, en algunos casos, con condenas a ejecutivos de empresas vinculadas a trusts y títulos aeronáuticos usados en maniobras ilícitas.
Frente a esta acumulación de indicios y solicitudes de investigación, la figura de Bullrich —que como ministra de Seguridad ocupa un rol central en la estrategia estatal contra el crimen organizado— resulta políticamente explosiva. La clave jurídica, por supuesto, está en la prueba: hasta ahora lo que circula en los medios y en las presentaciones judiciales son señales, cruces de transferencias y pedidos de investigación que deben ser corroborados por las fiscalías correspondientes. Pero la gravedad política es inapelable: que recursos que integraron campañas electorales aparezcan relacionados, siquiera en apariencia, con circuitos bajo sospecha de narcotráfico obliga a una investigación pública, exhaustiva y con resultados verificables.
Desde el ángulo estrictamente político, la situación reaviva preguntas incómodas para el PRO y sus aliados: ¿qué controles hubo sobre los aportes de campaña en 2023? ¿Qué diligencias se realizaron cuando se conocieron los vínculos de Espert con Machado y el donativo de 200.000 dólares? La historia de aquella contribución —que desembocó en la renuncia de Espert a una candidatura cuando salieron a la luz los vínculos— debería funcionar como antecedente para definir el estándar de conducta y la transparencia que se exige a los espacios que hoy pugnan por cargos legislativos.
Para los trabajadores despedidos y para los abogados que impulsan las presentaciones en la Argentina, la denuncia es más que un reclamo laboral: es una exigencia para que la investigación cruce fronteras y ponga bajo escrutinio no sólo operaciones puntuales, sino el entramado societario que, alegan, permitió triangular fondos y evadir responsabilidades laborales. En ese sentido, las pesquisas en Texas y los registros que emergen de la causa internacional resultan una fuente clave de documentación que, si es cotejada con las presentaciones locales, puede aportar claridad sobre la ruta del dinero.
¿Cómo sigue el mapa judicial y político? En términos procesales, corresponde que las fiscalías y los juzgados competentes revisen las presentaciones, pidan informes bancarios, convoquen a declarar a los responsables societarios y requieran cooperación internacional con las unidades fiscales de Estados Unidos. En términos políticos, la presión pública y mediática ya obligó a que el tema deje de ser un rumor y pase a la esfera de la agenda pública; la ministra, por ahora, no puede soslayar las dudas que circulan y su rol público exige explicaciones claras sobre los aportes y sobre cualquier vínculo con empresas que hoy están bajo sospecha.
No es menor el simbolismo: que la ministra de Seguridad —quien dirige políticas de persecución al delito— enfrente denuncias que la acercan a una investigación por conductas vinculadas, en investigación extranjera, a narcotráfico, coloca al Estado frente a una prueba de transparencia institucional. Si las sospechas se confirman, las implicancias serían de gran alcance; si se descartan, las explicaciones públicas deben ser contundentes y documentadas. Entre medio, la sociedad y la política observan; las consultas a Comodoro Py, los pedidos de informes y la movilización de ex trabajadores muestran que el reclamo no se agota en la grilla periodística: exige, por el bien de la democracia, respuestas judiciales y políticas.
La causa internacional que tiene como figura central a Federico “Fred” Machado y la resonancia de sus conexiones con la Wright Brothers Aircraft Title Inc. no son, en sí mismas, una condena para los acusados en la Argentina. Pero la acumulación de presentaciones —laborales, civiles y penales— y el cruce de transferencias con empresas que aportaron a campañas electorales habilitan una investigación en profundidad que transparente circuitos financieros, responsables y, si corresponde, responsabilidades penales. En una palabra: exigir pruebas, no conspiraciones; pedir investigación, no exabruptos. La política y la justicia están llamadas a actuar con la seriedad que el caso demanda.
Mientras tanto, el escándalo vuelve a poner en primer plano una interrogante elemental: ¿qué redes sostienen y financian a ciertos actores políticos y con qué mecanismos? En la Argentina reciente, donde la financiación de campañas y la opacidad de algunos aportes ya generaron crisis, este episodio suma un capítulo que reclama, urgente, mayor transparencia y control. La ministra Bullrich —más allá de su influencia y su discurso— deberá dar cuentas sobre esos lazos y las explicaciones no podrán ser sólo formales: requieren documentación, cooperación internacional y, sobre todo, respuestas que permitan cerrar dudas que hoy alimentan sospechas graves.
