«Abrazo» al INTI para que no cierren el área de Metrología
El Gobierno nacional ordenó la baja de la dirección de Metrología Legal y del Organismo de Certificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) mediante la Resolución 213, publicada el último día hábil de 2025 en el Boletín Oficial. La norma dispone que, a partir del 31 de enero, se dará de baja un área que agrupa a más de 150 técnicos y profesionales encargados de la verificación y certificación de los instrumentos de medición en todo el país: desde surtidores de combustible y balanzas en comercios y puertos, hasta radares de control de velocidad, etilómetros, medidores de agua y energía, termómetros clínicos y taxímetros.
La medida desató de inmediato el rechazo de trabajadores, cámaras y usuarios que advierten sobre la erosión de un mecanismo de control público que durante décadas funcionó como garante de la imparcialidad y la confianza comercial.
El rol del INTI y el argumento de la desregulación
El INTI custodió durante 22 años los patrones nacionales de medida —la garantía técnica de que “un metro es un metro”, “un litro es un litro” y “un kilogramo es un kilogramo”—, facultad conferida por Decreto del Poder Ejecutivo y considerada indelegable por el nivel de conocimiento científico-técnico y por su condición de referencia internacional. Esa condición de tercero imparcial fue esgrimida durante años tanto por empresas como por consumidores para dirimir controversias comerciales y garantizar transacciones justas.
Con la Resolución 213, el control de instrumentos de medición quedará en manos de laboratorios y organismos de certificación privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). Esos actores ya realizaban tareas similares, pero para quienes el INTI representaba al sector público su principal competidor. Según denuncian los trabajadores, la decisión persigue la privatización efectiva de servicios que hasta ahora ofrecía un ente público de referencia.
Costos, acceso territorial y riesgos para la seguridad
El traslado masivo de verificaciones al ámbito privado tendrá consecuencias económicas y operativas. El personal del INTI y municipios que fiscalizan señalaron cifras concretas de impacto: la verificación de un alcoholímetro que costaba alrededor de $140.000 en las instalaciones del INTI pasará a costar aproximadamente $1.200.000 en un laboratorio privado. Ese encarecimiento —más de ocho veces el monto anterior según los cálculos aportados por las fuentes gremiales— podría llevar a que municipios y organismos locales directamente suspendan controles por no poder afrontarlos.
Los especialistas advierten que esa suspensión no es un problema menor: afecta la seguridad vial (radares y etilómetros), la protección del consumidor (balanzas y surtidores) y la fiabilidad de servicios públicos esenciales (medidores de agua y energía, termómetros clínicos). Además, la escasa presencia territorial de laboratorios privados en muchas regiones pondría en práctica una barrera adicional para pequeñas y medianas empresas que fabrican o usan instrumentos de medición, con el consiguiente encarecimiento logístico y pérdida de competitividad local.
Denuncias de ilegalidad y pérdida de imparcialidad
Los trabajadores nucleados en la Multisectorial del INTI calificaron la Resolución 213/2025 como “ilegal” y anunciaron medidas de protesta. Entre los argumentos legales que esgrimen figura que una norma administrativa de menor jerarquía no puede derogar facultades otorgadas por Decreto y que la resolución violaría el principio de la indelegabilidad de ciertas funciones públicas. También señalan que la trasferencia de tareas a privados viola requisitos formales, ya que por ley esos laboratorios deberían registrarse y estar sujetos a auditorías del INTI —condición que, según denuncian, hoy ninguno cumple.
La Multisectorial convocó además a un “abrazo” en defensa del Instituto: la movilización se realizará el miércoles 28 de enero, desde las 10, en la sede central del INTI, General Paz 5445, con el objetivo de rechazar el cierre del área, exigir la reincorporación del personal y reclamar la continuidad de un servicio público que consideran clave para el control social y la transparencia comercial.
El cierre del área se enmarca en un proceso de reducción de funciones del INTI que, según fuentes gremiales, comenzó con la Resolución 276 de 2024, que restringió la emisión de determinados certificados a dos empresas privadas. Los críticos sostienen que, lejos de facilitar la “desburocratización” alegada por la norma, la serie de medidas concentra servicios, encarece procesos y reduce la transparencia, al tiempo que margina a actores con menor escala territorial.
Desde la órbita del INTI y entre los técnicos es fuerte la lectura política: las sucesivas resoluciones constituyen la “estocada final” para un organismo que cumple una función de interés público. Para empresas y usuarios medianos o pequeños, la pérdida de un árbitro público implica mayor dependencia de operadores privados, con menos alternativas y menor capacidad de reclamo.
Consecuencias para usuarios y Estado
Más allá del eventual ahorro que pueda exhibir la administración pública en partidas salariales o en la externalización de servicios, las consecuencias prácticas son inquietantes: mayor costo para gobiernos locales y empresas, servicios de verificación con cobertura territorial limitada, riesgo de discontinuidad en controles que impactan la seguridad y pérdida de un tercero imparcial para resolver controversias comerciales. Además, la transición acelerada podría generar un cuello de botella técnico y operativo en la acreditación de laboratorios privados por parte del OAA.
La Resolución 213/2025 abrió una disputa que combina reclamos laborales, cuestionamientos jurídicos y advertencias sobre efectos públicos y privados. El abrazo del 28 de enero marcará la primera gran respuesta pública; la discusión, en tanto, promete continuar en las vías administrativas y judiciales. Mientras tanto, consumidores, municipios y pymes observan con preocupación un cambio que redefine quién controlará —y a qué precio— las mediciones que regulan la vida cotidiana y el comercio en todo el país.
