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Ajuste brutal: el presupuesto de salud, reducido al mínimo histórico

El año 2024 marcó un punto crítico para el sistema de salud pública en Argentina, profundamente afectado por la política de ajuste del gobierno de Javier Milei. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Estado subejecutó un 55% del presupuesto destinado a hospitales nacionales y al Instituto Nacional del Cáncer, dejando áreas esenciales en una situación de abandono sin precedentes. Mientras tanto, sectores como Defensa, Inteligencia y el pago de deuda recibieron partidas blindadas o incrementos.

Recortes y desmantelamiento en salud
La subejecución presupuestaria fue acompañada por un fuerte aumento en los despidos: 1400 trabajadores de la salud pública fueron desvinculados recientemente, paralizando servicios fundamentales. En el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, cuya clausura ya fue anunciada, el ajuste alcanzó un 25%, mientras que un tercio del personal fue despedido. «Están eliminando a psiquiatras en un contexto donde ya escasean. Esto afecta directamente la atención de los sectores más vulnerables«, denunció Martín, profesional del hospital, durante una ocupación pacífica del centro.

Entre los programas más golpeados se encuentran aquellos destinados a la prevención y tratamiento de enfermedades graves. La Coordinación de Tuberculosis y Lepra, por ejemplo, fue desmantelada, dejando al ministerio de Salud sin una estrategia clara para enfrentar el alarmante aumento de casos de tuberculosis, que ya supera los 15.000 diagnósticos anuales. “Desatender esta problemática traerá más muertes y un costo sanitario insostenible”, alertó Nancy Ballestin, del Observatorio Tuberculosis Argentina.

Más deuda, menos derechos
En contraste, las partidas para el pago de deuda pública representaron un 11% del total de gastos del Estado, consolidando una prioridad presupuestaria en detrimento de servicios esenciales. Según CEPA, mientras sectores estratégicos como la Agencia Nacional de Discapacidad y ANMAT sufrieron recortes de hasta un 21%, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas recibió incrementos significativos, alcanzando los $45.000 millones en 2024.

El desmantelamiento de la dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) profundizó la crisis en el acceso a medicamentos de alto costo para enfermedades como el cáncer. Aunque el Gobierno emitió un nuevo reglamento tras un fallo judicial que lo obligaba a garantizar la provisión de estos tratamientos, organizaciones como la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) denunciaron la medida como una maniobra dilatoria. “La falta de insumos y la fragmentación de responsabilidades solo aumentarán las desigualdades en el acceso a la salud”, advirtió María Eugenia De Feo, de la Fundación HCV Sin Fronteras.

Protestas y exigencias
El ajuste en salud generó un fuerte rechazo social. La semana pasada, bajo temperaturas sofocantes, miles de trabajadores, pacientes y organizaciones civiles rodearon el ministerio de Salud para exigir el fin de las políticas de recorte. «No se vende la salud, se defiende la salud«, coreaban, mientras presentaban una nota con más de 6.000 adhesiones pidiendo una reunión con las autoridades.

El mensaje fue contundente: «La motosierra no corta árboles, corta vidas«, sentenció Horacio Boggiano, de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud (AMES). Advirtió que las decisiones del gobierno no solo afectan a los más vulnerables, sino que también representan un riesgo epidemiológico, como el posible avance de formas multirresistentes de tuberculosis debido al abandono del tratamiento.

Un sistema en terapia intensiva
El panorama no deja lugar a dudas: la salud pública argentina atraviesa una crisis que amenaza con desbordarse. Los recortes no solo comprometen la infraestructura sanitaria, sino que también condenan a miles de personas a enfrentar enfermedades sin la atención necesaria. Frente a esta situación, especialistas y ciudadanos exigen una rectificación inmediata del rumbo, para evitar que las consecuencias sean irreparables.

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