Advierten sobre que el préstamo del FMI es un fraude como lo fue con Macri

El Foro de Economía y Trabajo presentó un extenso análisis sobre la situación económica y financiera de Argentina bajo el gobierno del presidente libertario Javier Milei. La controversia se desató tras el Comunicado Oficial emitido el 6 de marzo de 2025 por la Presidencia, en el que se anunciaba el envío al Congreso de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el documento se sostiene que no es indispensable establecer un acuerdo con el FMI, y mucho menos uno que incluya cláusulas encubiertas, ya que dichas condiciones no se divulgan al Congreso ni se informan a la ciudadanía, que al final asume las consecuencias de estas decisiones. Según el análisis, el presidente Milei pretende obtener una aprobación sin ofrecer detalles, ignorando que la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 7, faculta al Congreso para “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Además, la Carta Magna otorga al Poder Legislativo la potestad de aprobar o rechazar tratados y concordatos internacionales (inciso 22). Asimismo, se recuerda que la Ley 27.612 exige que cualquier programa de financiamiento o ampliación de crédito con el FMI sea aprobado expresamente por el Congreso.

El documento advierte que, bajo las condiciones secretas del acuerdo, se prevé la cesión de activos nacionales clave y se profundizará el ajuste económico impuesto por el actual gobierno. Esto facilitaría una transferencia de recursos en beneficio de:

• Grandes corporaciones financieras: organismos en los que el FMI actúa como garantía última, incluso en detrimento de los intereses de sus propios países, como ocurrió en 2018 con la fuga de capitales de 44.000 millones de dólares atribuida a la gestión de Luis Caputo.
• Exportadoras, importadoras y oligopolios: empresas que, al ser liberadas de ciertas obligaciones por decretos recientes, podrían imponer precios desorbitados en sectores esenciales como alimentos, energía, transporte, medicamentos, atención médica e insumos industriales.
• Operadores y comisionistas: incluyendo directivos de corporaciones financieras, funcionarios, legisladores, consultores y bufetes especializados, quienes podrían estar involucrados en la “gestión” del círculo vicioso del endeudamiento, con implicancias penales y un serio perjuicio para el orden económico-financiero.

Lejos de producir una disminución en el alza de los “precios caros”, como afirma el actual ministro de Economía, Luis Caputo, este esquema amenaza con mermar el poder adquisitivo de las familias y reducir la demanda en el mercado interno, profundizando una situación económica ya crítica. De acuerdo con el análisis, la deuda externa se incrementará y las decisiones gubernamentales futuras quedarán subordinadas a metas ocultas pactadas con el FMI, configurando lo que se denuncia como un nuevo fraude de enormes dimensiones, similar al sucedido en 2018.

El documento también denuncia una emergencia institucional en Argentina, evidenciada por la precariedad de la seguridad jurídica y el debilitamiento de los poderes del Estado. Se critica que el titular del Poder Ejecutivo, al declarar su intención de “destruir el Estado”, se ha arrogado competencias legislativas, mientras que el Poder Judicial atraviesa un deterioro generalizado, reflejado en la designación por decreto de jueces en la Suprema Corte de Justicia, quienes han demorado en pronunciarse sobre denuncias relativas a la deuda externa. Esta situación plantea una inquietante pregunta: si el objetivo declarado es la “destrucción del Estado”, ¿cómo podrá éste cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales?

Ante este panorama, el análisis plantea una serie de medidas urgentes:

1. Responsabilidad fiscal: se propone que la deuda con el FMI sea asumida por quienes se han beneficiado de ella. El Congreso debería retomar y aprobar el proyecto para crear un Fondo Nacional destinado al pago de dicha deuda, financiado con recursos de quienes no han cumplido sus obligaciones tributarias o se han favorecido indebidamente, además de exigir la devolución inmediata de los sobrecargos aplicados.
2. Control del endeudamiento: el Congreso debe asumir la negociación de toda deuda pública, conforme a lo establecido por la Constitución, y derogar de inmediato las facultades legislativas que el Ejecutivo se ha arrogado de forma inconstitucional. Se destaca que estas medidas son urgentes, especialmente en el contexto de investigaciones por supuestas estafas en criptomonedas y tráfico de influencias que también se investigan en Estados Unidos.
3. Seguimiento y rendición de cuentas: es imperativo que se constituya de inmediato una Comisión de Seguimiento de la deuda externa que investigue el acuerdo ilegalmente negociado, recordando los precedentes del acuerdo otorgado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, el cual violó flagrantemente el Convenio Constitutivo del FMI.
4. Garantizar el funcionamiento del Estado: se subraya la necesidad de iniciar un procedimiento de Juicio Político para restablecer la seguridad política y el funcionamiento constitucional del Estado.
5. Acción inmediata de legisladores y poder judicial: todos los legisladores tienen la obligación de actuar, incluyendo la derogación inmediata del DNU que pretende imponer el nuevo acuerdo con el FMI, obligación que también recae en la Suprema Corte de Justicia.

Finalmente, se hace un llamado a las naciones integrantes del FMI para que tomen nota de las condiciones irregulares del acuerdo y a las autoridades del organismo para que reconozcan la inviabilidad de cumplir con un pacto de tales características fraudulentas. Se sugiere, además, que esta deuda podría ser catalogada como «odiosa» y, por tanto, susceptible de un default selectivo, en vista de las consecuencias predecibles que se derivarían de su implementación.