Amnistía Internacional: cada vez más represión en Argentina
A lo largo de 2024, se ha evidenciado un aumento significativo de la represión en el país, impulsada por el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich. Bajo la justificación del denominado protocolo anti piquetes, se ha establecido un marco legal que permite a las fuerzas de seguridad actuar con total impunidad, consolidando el control de los intereses de los grandes grupos económicos a costa de la libre expresión y la protesta social. La violencia dirigida contra los manifestantes ha sido una constante, buscando desgastar a la oposición y acallar cualquier disidencia.
Recientemente, Amnistía Internacional presentó un informe que detalló el uso desmesurado de la fuerza en las manifestaciones durante el año. En sus conclusiones, la organización denunció la represión sistemática orquestada por el gobierno, destacando que, en los últimos 12 meses, más de 1,000 personas resultaron heridas en 15 protestas. Entre los afectados, se encuentran individuos con lesiones graves, algunos de ellos alcanzados por balas de goma en la cabeza o el rostro.
La entidad calificó estos actos como prácticas propias de «gobiernos autoritarios», subrayando la gravedad de la situación y las alarmantes cifras que acompañan la violencia estatal. Amnistía Internacional instó a las autoridades a respetar los derechos humanos en el marco de las protestas sociales y advirtió sobre el peligroso giro hacia la criminalización de la disidencia. Los manifestantes, en su mayoría, han sido tildados de «terroristas» o «promotores de golpes de Estado», una etiqueta peligrosa que apunta a estigmatizar y deslegitimar cualquier forma de resistencia.
El informe también resalta el uso excesivo de gases lacrimógenos y la violencia física, aplicada por diversas fuerzas de seguridad, incluidas la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad. En total, se reportaron 1,155 personas heridas, 33 casos de impactos de balas de goma y 50 periodistas agredidos, además de 73 personas criminalizadas por su participación en las manifestaciones.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, denunció la represión a la libertad de expresión en las calles, afirmando que las autoridades nacionales han optado por la confrontación violenta como estrategia para silenciar a quienes se oponen al modelo económico y político del gobierno.
El protocolo anti piquetes fue implementado oficialmente poco después de la asunción de Milei, en un acto simbólico que marcó el inicio de un nuevo ciclo de represión institucionalizada. A fines de enero y principios de febrero, durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso, ya se comenzaba a visibilizar la intensidad de los operativos represivos, que no hicieron distinciones de edad, afectando tanto a jubilados como a niños.
El balance del último año deja claro que el gobierno ha elegido la represión como herramienta para consolidar su agenda, mientras avanza en un proceso de criminalización de la protesta social que genera un clima de miedo y represión en el país. La falta de garantías para el ejercicio del derecho a la manifestación es una muestra preocupante de la deriva autoritaria que amenaza los derechos fundamentales en Argentina.
