ATE confirmó paro nacional el 9 de diciembre

En rechazo al proyecto de reforma laboral que el Gobierno —que oposición y sindicatos describen como alineado con la AmCham— tiene previsto ingresar al Congreso el 9 de diciembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un llamado a un paro nacional y una marcha al Congreso para ese mismo día. La medida de fuerza se conjuga con la advertencia de que la iniciativa forma parte de un paquete de reformas exigido por los grandes capitales y por el acuerdo con el FMI, y que busca legalizar prácticas laborales ya extendidas en la precariedad cotidiana.

La decisión fue tomada por el Consejo Directivo Nacional de ATE y alcanza a trabajadores de la Administración Pública nacional, provincial y municipal. El timing no es casual: la presentación del proyecto coincide con el envío del Ejecutivo al Parlamento, justo antes del inicio de las sesiones extraordinarias en las que además se tratará el Presupuesto 2026.

«Una reforma para disciplinar»

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue contundente: “Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”. Para el dirigente, la propuesta no busca levantar la producción ni el empleo: busca acotar derechos y facilitar el descarte de trabajadores.

Desde el sindicato sostienen que la norma pretende legalizar medidas que ya se aplican de hecho y que, por lo tanto, consolidaría un proceso de degradación laboral: precarización, menor protección ante despidos y pérdida de condiciones laborales históricas.

El borrador difundido y analizado por gremios y movimientos sociales incluye una batería de puntos que, según los denunciantes, revierten conquistas laborales clave:

• Flexibilización de condiciones y modalidades de trabajo.

• Posibilidad de contratos a tiempo parcial y acuerdos salariales en moneda extranjera —o incluso en especie (se menciona la vuelta de los “ticket-canasta”)— o -fijación de salarios por productividad.

• Creación de un banco de horas y un fondo de cese laboral que reemplazaría a la indemnización por despido.

• Limitaciones a la discrecionalidad judicial en conflictos laborales.

• Flexibilización de vacaciones y pérdida de antigüedad ante cambios de empleador.

• Ampliación de los servicios catalogados como “esenciales” —incluida la docencia— que restringiría el derecho a huelga.

Para ATE y otros sindicatos, estos puntos no son meras modernizaciones legales: implican un retroceso profundo de los derechos laborales y una transferencia de poder a favor de empleadores y grandes empresas.

Reclamos inmediatos: reapertura de paritarias y no al recorte del 10%

Además de la movilización contra la reforma, ATE exige la reapertura inmediata de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y expresó su rechazo frontal al anunciado recorte del 10% del plantel estatal. Según versiones oficiales, ese ajuste afectaría a organismos descentralizados y se implementaría parcialmente mediante no renovación de contratos que vencen en diciembre, y podría desarrollarse durante los dos primeros trimestres de 2026.

Entre las áreas que estarían en la mira del recorte ATE menciona organismos como: Oficina Anticorrupción, INDEC, CONICET, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, ANSES, CONADIS, ENARGAS, ENRE, INTA, INTI y ENACOM. El sindicato advierte que debilitarlos no solo es recortar empleo: es degradar servicios públicos esenciales.

Sobre esa estrategia de ajuste, Aguiar afirmó: “Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico”.

Los trabajadores señalan que la reforma laboral, junto a cambios previsionales, tributarios y penales, es reclamada por las cámaras empresarias internacionales y por inversores que exigen un marco jurídico que reduzca costos laborales y haga más flexible la mano de obra. Desde ese ángulo, la norma aparece como un componente central del programa de estabilización y ajuste que promueve el Gobierno y que, denuncian sindicatos y organizaciones sociales, profundiza la transferencia de poder y riqueza hacia los grupos concentrados.

La crítica es también social y generacional: los jóvenes trabajadores ya conviven con modalidades precarias que pretenden normalizarse, desde contratos temporales y subcontratos hasta jornadas fragmentadas y plataformas digitales que externalizan el trabajo. Para ATE, la reforma sería la sanción normativa de prácticas que ya precarizan la vida laboral de millones.

Estrategia sindical

Frente a ese panorama, ATE convoca a la unidad sindical y a una jornada nacional de protesta que incluirá el paro y la movilización al Congreso. Además del rechazo a la reforma y al recorte, el sindicato reclama medidas urgentes para contener el deterioro salarial y ocupacional: reapertura de paritarias, medidas de protección para la planta de trabajadores estatales y políticas públicas que apunten a recuperar la inversión pública y garantizar servicios.

En la misma línea, desde el movimiento obrero se insiste en que el problema del empleo no se resuelve con recortes de derechos, sino con políticas activas de reindustrialización, regulación de capitales concentrados, y una organización de la producción que ponga el trabajo y el desarrollo nacional por encima de la rentabilidad financiera.

La pulseada que comienza el 9 de diciembre excede un paquete de normas: define el modelo de país. Para los sectores laborales organizados, está en juego la posibilidad de sostener salarios dignos, la protección frente a despidos y la garantía de servicios públicos que sostienen la vida cotidiana. Para el Gobierno y sus defensores, la reforma es una condición para atraer inversiones y “modernizar” el mercado laboral.

La lectura es clara: sin derechos laborales fuertes no hay democracia social. La reforma propuesta —si prospera— profundizaría la precarización y aumentaría la asimetría entre capital y trabajo. Por eso ATE apuesta a convertir la movilización en un freno y a plantear una agenda alternativa que priorice empleo, salario y cuidados, en lugar del ajuste.

La jornada de paro y marcha al Congreso del 9 de diciembre será, según ATE, un primer termómetro de la respuesta popular y sindical frente a una reforma que los trabajadores rechazan de plano. El sindicalismo y los movimientos sociales llaman a la sociedad a acompañar la protesta: no sólo por resistencia, sino para disputar un proyecto de país donde el trabajo sea un eje de justicia social y soberanía económica.