ATE y la CTA-T presentaron un amparo para frenar la reforma laboral
La Asociación Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) de Neuquén presentaron un amparo ante el Juzgado Federal de Neuquén con el objetivo de que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la mayor parte de la reforma laboral sancionada por el Congreso. La presentación lleva la firma de Carlos Quintriqueo, secretario general de ambas organizaciones en la provincia, y cuenta con el patrocinio del abogado Juan Kairuz.
En el escrito los gremios solicitan, además, la concesión de una medida cautelar urgente para que la aplicación de la norma quede suspendida hasta tanto exista una sentencia definitiva sobre su validez constitucional. Según el recurso, la suspensión es imprescindible dada la “gravedad institucional” y el riesgo de producir efectos irreversibles en las relaciones laborales mientras se resuelve el fondo del asunto.
La demanda apunta contra la Ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral), sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, y cuestiona múltiples artículos y cambios introducidos al régimen laboral argentino. En su presentación, ATE y la CTA-T argumentan que la reforma vulnera derechos constitucionales vinculados al trabajo, la libertad sindical y la protección social.
Entre los ejes concretos que los sindicatos enumeran como afectados, el amparo menciona: la eliminación o rebaja de derechos laborales consolidados; restricciones a la libertad sindical; el debilitamiento de los mecanismos de negociación colectiva; la reducción de indemnizaciones por despido; y la posibilidad de pagar sentencias laborales en cuotas. El escrito sostiene que tales cambios transgreden el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales y los pactos internacionales incorporados al ordenamiento jurídico.
Un punto estratégico del planteo es que la nueva ley reproduce, en buena medida, disposiciones del Título IV del DNU 70/2023, capítulo que ya fue declarado inconstitucional por la Sala de la Cámara Nacional del Trabajo en fallos anteriores. Para los demandantes, ese antecedente refuerza la probabilidad de inconstitucionalidad de los artículos reclamados y exige que el tribunal aplique un “escrutinio judicial estricto” sobre la norma.
La acción desde Neuquén se diferencia de la presentación impulsada días atrás por la CGT, que buscó suspender puntualmente dos artículos vinculados al traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras la CGT concentró su pedido en artículos acotados, ATE y la CTA-T intentan ahora una declaración de inconstitucionalidad de alcance mucho más amplio, lo que ampliaría el mapa del conflicto judicial y político en torno a la reforma.
Fuentes legales consultadas por los sindicatos sostienen que, de admitirse la medida cautelar, la suspensión temporal de la ley estabilizaría el escenario mientras se discute el fondo. En paralelo, la presentación política y mediática del reclamo pone en evidencia la judicialización como vía de contención frente a cambios legislativos que, según los gremios, implican una regresión de derechos laborales conquistados históricamente.
Los tribunales ahora deberán decidir si corren las medidas cautelares solicitadas y, eventualmente, abrir la etapa de prueba y alegatos que definirá si la reforma puede aplicarse plenamente o si quedará parcialmente paralizada por mandatos judiciales. La resolución del Juzgado Federal de Neuquén —y cualquier pronunciamiento posterior de instancias superiores— será seguida de cerca por centrales sindicales, organizaciones de derechos laborales y el propio Gobierno, que defiende la reforma como un instrumento para dinamizar el empleo formal.
