Cómo se desarma el sistema científico en la era Milei
Un informe del Grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (EPC-CIICTI) revela que la dotación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) cayó un 7,6% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025: 75.057 personas en el sector frente a 69.356, es decir 5.701 puestos destruidos en dos años. La magnitud del recorte equivale, según el propio relevamiento, a un promedio de 7,5 bajas por día y confirma una tendencia de retracción que se agudizó en el último trimestre de 2025.
La destrucción de empleo fue concentrada y selectiva: los organismos dependientes de la Administración Pública Nacional registraron la mayor parte de las pérdidas (5.004 puestos), mientras que las empresas y sociedades del sector público recortaron 746 trabajadores. El CONICET concentró más de un tercio de la reducción total —2.088 bajas—: 782 cargos de planta y 1.306 becas de formación de posgrado. Entre otros organismos golpeados figuran el INTI (-802) y el INTA (-752). En el sector empresarial, las mayores caídas absolutas se observaron en Nucleoeléctrica Argentina (-247), FADEA (-232) y ARSAT (-116).
Los porcentajes muestran el carácter estructural del ajuste: la Agencia I+D+i y la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología redujeron sus plantas en un 41,3%; el Banco Nacional de Datos Genéticos retrocedió 34%; el Instituto Nacional del Agua 31,7%; y el INTI 25,7%. En conjunto, el empleo en organismos científicos de la APN cayó 10,6% y en las empresas del sector público 13,2% en el lapso analizado.
Las consecuencias son previsibles y peligrosas. Con apenas 3 investigadores por cada mil personas de la población económicamente activa —frente a 10 en países con alto desarrollo científico— la Argentina está sacrificando tejido humano, capacidad operativa y proyectos estratégicos que requieren continuidad y especializado capital humano. La destrucción de plazas de planta y, sobre todo, de becas de posgrado y contratos, interrumpe carreras, acelera la fuga de jóvenes investigadores y deteriora la capacidad del país para generar innovación aplicada.
Detrás de los números hay decisiones políticas y reconfiguraciones institucionales que, según actores del sector y cobertura internacional, explican parte del ajuste: cambios en la gobernanza de agencias de promoción, recortes presupuestarios y la priorización de “impacto económico inmediato” por encima de pluralidad y continuidad científica han sido señalados como ejes de las políticas públicas que incidieron en la caída del empleo. Ese marco político, sumado a la reducción del empleo público general (-18,4% en la Administración Pública Nacional en el mismo período), convierte los recortes en un patrón más amplio de desguace del Estado productivo y científico.
La lectura sindical y social es cruda: organizaciones como ATE alertan que el rumbo lleva “cientificidio silencioso” de la capacidad para sostener investigación, servicios técnicos y transferencia tecnológica —un diagnóstico que encuentra eco en los institutos y en empresas donde se fabrican insumos críticos para la salud, la energía y la agroindustria. La caída en el INTI y el INTA no es neutra: afecta control de calidad, certificaciones, asistencia técnica rural y proyectos de soberanía tecnológica.
Si la economía y las empresas del país han de recuperar competitividad, recortar el sistema científico equivale a hipotecar ventajas comparativas. El informe del EPC-CIICTI, basado en datos oficiales del INDEC y promovido por la agrupación que sigue la evolución del sector, ofrece una radiografía contundente: no se trata solo de números fiscales, sino de desmontar capacidades esenciales para el desarrollo productivo y la resolución de problemas públicos.
Exigir un cambio de rumbo no es un capricho corporativo: es política pública. Recuperar inversión, reactivar concursos, restaurar las plantillas de planta y las convocatorias de becas, y garantizar autonomía de agencias científicas son medidas mínimas para detener la sangría. El plazo de la reconstrucción será largo —y costoso en talento—, pero la alternativa es más simple y demoledora: seguir creyendo que la ciencia es prescindible. El país, sus industrias y sus habitantes pagarán la factura.
